Germán Castro, dueño del terreno donde funciona la Agropecuaria La Arenosa, aseguró que no se han registrado robos ni daños materiales en la hacienda, pero que la ocupación irregular es persistente. Autoridades realizarán este miércoles la diligencia de desalojo con acompañamiento policial, institucional y gremial.
En la finca El Tabor, ubicada en la vereda Cañada del municipio de San Luis (Tolima), se adelantará desde las 7:00 de la mañana de este miércoles 27 de agosto una diligencia de desalojo para restituir un predio de 308 hectáreas dedicado al levante y ceba de ganado macho.
Allí permanecen alrededor de 200 animales con un valor estimado de $600 millones. El procedimiento, ordenado judicialmente, se desarrolla con un dispositivo de seguridad compuesto por 75 unidades de la Policía Nacional, funcionarios de la Alcaldía de San Luis, representantes del Ministerio Público y los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, coordinados por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).
Todos actúan como garantes de que el operativo se cumpla en condiciones pacíficas y de respeto a los derechos humanos. Germán Castro, propietario del terreno y representante de la Agropecuaria La Arenosa, confirmó que, aunque no se han registrado hurtos ni daños en las instalaciones, la invasión persiste con la presencia de un campamento instalado por los ocupantes.
“Los acercamientos que intentamos ayer para buscar una salida voluntaria fueron en vano. La ocupación continúa, y por eso es necesario el acompañamiento de las autoridades”, señaló el el productor afectado por la invasión.
La Alcaldía de San Luis precisó que la diligencia responde a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de la propiedad y la protección de la actividad pecuaria, fundamental para la economía local. Desde Fedegán, se destacó el papel de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz como un mecanismo de prevención y acompañamiento ciudadano en este tipo de conflictos.
En ese sentido, la agremiación ha insistido en que las invasiones de tierra afectan la inversión y generan desconfianza en los productores del sector, especialmente en zonas rurales donde la ganadería es la principal fuente de empleo e ingresos, al tiempo que apremió a sus agremiados víctimas de este tipo de acciones, presentar las denuncias y querellas según sea el caso y activar los protocoles de atención legalmente establecidos.
Finalmente, tanto propietarios, como autoridades y gremio ganadero, esperan que la diligencia concluya con la expulsión de los ocupantes ilegales, evitando que el procedimiento pase a mano de otra entidad y dilate en el tiempo la restitución del derecho de dominio a sus dueños. Al cierre de esta edición, el procedimiento continuaba en curso y se preveía que en las próximas horas se emitiera un reporte oficial sobre los resultados.
