La presidenta de AmCham denunció que el Gobierno usa sus facultades ejecutivas para convertir situaciones acumuladas y conocidas, como órdenes judiciales antiguas y derrotas legislativas, en «emergencia económica» inconstitucional. Exige a la Corte frenar esta vía para imponer impuestos sin trámite, protegiendo el Estado de Derecho.
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, cuestionó la procedencia constitucional del Decreto 1390 de 2025, argumentando que el Gobierno pretende convertir problemas estructurales y previsibles en una emergencia económica que no cumple los requisitos del artículo 215 de la Constitución.
La crítica de Lacouture se fundamenta en que la norma no responde a «un hecho sobreviniente y extraordinario», como exige la Carta Magna, sino a situaciones conocidas y acumuladas. En materia de salud y UPC, la experta señaló que el decreto «se apoya en órdenes judiciales antiguas (T-760/2008 y autos 2012–2025). Eso no es nuevo», lo que descarta el carácter excepcional requerido para activar este mecanismo.
Respecto a la negativa del Congreso de aprobar la ley de financiamiento, Lacouture fue contundente al afirmar que «una derrota en el Congreso no es emergencia; es democracia». Esta declaración subraya que el rechazo legislativo a iniciativas del Ejecutivo forma parte del funcionamiento normal de las instituciones y no constituye causal para invocar poderes extraordinarios.
En cuanto a los subsidios de energía, la presidenta de AmCham Colombia explicó que se trata de «cuentas acumuladas por falta de apropiación y ejecución. No es sorpresa», evidenciando que el problema responde a deficiencias administrativas previsibles y no a circunstancias imprevistas.
El elemento más problemático, según Lacouture, es que el decreto anuncia recaudo vía impuestos, lo que constituye «reforma fiscal por excepción, sin probar que lo ordinario es insuficiente». Esta estrategia permitiría al Gobierno implementar medidas tributarias sin el debido trámite legislativo.
Por estas razones, Lacouture solicitó a la Corte Constitucional que, «en su sabiduría y responsabilidad como guardiana de la Constitución, actúe con su mejor juicio y active un control preventivo y estricto sobre el Decreto 1390/2025, para evitar medidas tributarias por excepción y proteger el Estado de Derecho y el bolsillo de los colombianos».
