Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, estaría financiando su proyecto político con el presupuesto de la entidad.
En un nuevo episodio sobre corrupción en el ejercicio de la administración pública, el senador Migue Uribe sacó a la luz una serie de revelaciones sobre la gestión de Felipe Harman al frente de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según Uribe, la entidad ha experimentado un aumento sin precedentes en la contratación de servicios durante el año 2024, lo que él califica como un “saqueo millonario”.
Uribe enfatizó que entre enero y agosto de 2024, la ANT ha destinado $358.000 millones a contratos de prestación de servicios. Esta cifra supera a la de todas las demás entidades del gobierno nacional, con un total de 8.712 contratos, de los cuales 5.143 permanecen activos y 3.569 han concluido. Este incremento representa un asombroso aumento del 440 % en comparación con el año 2022, lo que el senador atribuye a un desmedido crecimiento de la burocracia bajo la dirección de Harman.
“Esta cifra revela un crecimiento desproporcionado en la contratación y muestra un claro abuso de los recursos públicos”, afirmó Uribe. Según el congresista, una parte significativa de estos contratos ha beneficiado a personas que previamente trabajaron con Harman en la alcaldía de Villavicencio. De los contratos en cuestión, 231 han sido adjudicados a excolaboradores de Harman, acumulando un total de $11.625 millones de pesos.
Uribe también acusó a Harman de utilizar su cargo para fortalecer su proyecto político personal. “Felipe Harman está usando los recursos públicos para impulsar su agenda política, beneficiando a sus antiguos colaboradores a través de contratos de prestación de servicios”, denunció el senador.
Además de las acusaciones de favoritismo, Uribe cuestionó la idoneidad de los funcionarios contratados. Según sus informes, algunos de estos empleados carecen de la experiencia necesaria para sus cargos y estarían involucrados en actividades de inteligencia, algo que, según el senador, debería estar restringido a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Un ejemplo señalado es el de Roberto Arroyave, exfuncionario de la Alcaldía de Villavicencio, quien, con un contrato de $18 millones mensuales, se encuentra trabajando en la ANT bajo el título de acompañante de actividades de la Dirección General. No obstante, según Uribe, Arroyave se dedica a labores de inteligencia y contrainteligencia, funciones que legalmente corresponden a los organismos de seguridad del Estado.
“Este acto viola las normas de seguridad y transparencia del país”, subrayó Uribe, quien recordó que solo las entidades avaladas por la Constitución, como la Policía y las Fuerzas Militares, están autorizadas para realizar actividades de inteligencia.
Las revelaciones en torno a la gestión de Felipe Harman y la Agencia Nacional de Tierras han suscitado una creciente preocupación sobre el uso y administración de los recursos públicos, abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre la eficiencia y transparencia en la administración del Estado.
