Solo en transportes de personal desde las regiones hasta Bogotá, el Gobierno Nacional desembolsó más de $2000 millones. El concejal y veedor ciudadano, Daniel Briceño, solicita a las autoridades judiciales y de control estar atentas a las formas como se financian las marchas.
Desde el pasado 21 de abril, tanto el presidente, Gustavo Petro, como varios de su altos funcionarios, no han dejado de hablar de las marchas que se realizarán el primero de mayo, fecha que conmemora el Día del Trabajador, las cuales, históricamente han sido bastante concurridas.
Según algunos analistas políticos, este discurso, muchas veces estigmatizante y ofensivo contra quienes voluntariamente salieron a las calles a manifestar su descontento con el Gobierno Nacional y sus políticas públicas, solo exacerba la polarización que reina en el ambiente político.
La movilización social ha sido desde su llegada al poder el único método que conoce Gustavo Petro para convencer a las instituciones de que sus propuestas son las mejores.
Para evidenciar lo problemático de esa actividad propagandística, piénsese, por ejemplo, en el nefasto incidente en los parqueaderos del Palacio de Justicia, donde hombres que hondeaban banderas del M-19 intentaron ingresar por la fuerza al edificio donde la sala plena de la Corte Suprema de Justicia debatía sobre quién podría ser la mejor opción para la Fiscalía.
Las marchas no son espontáneas
Sin embargo, las manifestaciones que han acompañado a Petro en varias oportunidades y que implican la movilización de un importante número de personas desde las regiones hasta Bogotá, no son tan espontáneas, como el Jefe de Estado asegura en todos los escenarios de comunicación posibles.
El concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático y veedor ciudadano, Daniel Briceño, denunció que desde varias instituciones del Estado se estarían destinando ingentes cantidades de dinero para financiar las manifestaciones que se han llevado a cabo en la capital para respaldar al presidente.
“En las marchas de apoyo a Gustavo Petro del pasado 27 de septiembre de 2023 el gobierno nacional movilizó 570 buses y repartió 22.000 kits de comida para lograr llenar sus eventos en Medellín y Sincelejo. El costo de la comida, producción y transporte fue de $7.951.121.000”, arranca diciendo el primero de un hilo de trinos sobre el asunto.
A renglón seguido precisa que ese no es el único hecho susceptible de ser atendido por las autoridades judiciales y de control. “El 24 de septiembre de 2023 tan solo 3 días antes de las marchas del 27S en apoyo a Petro se firmó este convenio entre la Agencia Nacional de Tierras – ANT y RTVC por $15.475.361.666 para la operación logística de los eventos de la ANT”, dice otro de los trinos del cabildante.
Briceño explicó que el dinero de ese convenio se utilizó para la financiación de actos políticos encabezados por el presidente y varios de sus más altos funcionarios, con la excusa de promover, entro o tras cosas, la reforma Agraria.
“El 25 de septiembre de forma inmediata y a través de este correo la Agencia Nacional de Tierras le pidió a RTVC organizar todo para un evento de 5.000 personas en Medellín tal y como ustedes lo pueden observar en este correo. Luego se hicieron eventos en Medellín y Sincelejo. Según el informe de ejecución de RTVC el montaje de tarima, producción, luces, transmisión y personal logístico de los eventos de Medellín y Sincelejo costaron $1.315.431.000”, asegura el cabildante en su cuenta en la red social X.
También hace énfasis en lo costoso que resultó la comida que se distribuyó en los eventos mencionados, además de eso, hace hincapié en el importante número de refrigerios que se pagaron.
“En total RTVC cobró por 22.000 kits de alimentación $3.073.000.000. En Medellín cada kit tuvo un precio de $135.600 y en Sincelejo de $141.250. El kit estaba compuesto por 2 refrigerios, 1 almuerzo y 3 hidrataciones. A quienes viajaban desde La Guajira les añadieron cena”, detalla el trino.
Finalmente, hace referencia a la inversión hecha en la movilización de los marchantes hasta Bogotá, concepto por el cual el gobierno desembolsó más de $2.000 millones, antes de pedir la intervención de los entes judiciales y de control.
“Alertamos a todos los organismos de control @PGN_COLy @CGR_Colombia. La operación logística es hoy la forma más efectiva en la que el presidente Petro hace política con recursos públicos. Haremos el mismo seguimiento en las marchas del 1 de mayo. No más derroche”, puntualizó Daniel Briceño.
