En medio de una creciente disputa entre disidencias armadas y un panorama crítico para comunidades indígenas, la Defensoría del Pueblo alerta sobre desapariciones, confinamientos, violencia sexual y falta de atención humanitaria en el departamento del Guaviare.
La Defensoría del Pueblo se pronunció con firmeza sobre la compleja situación humanitaria que enfrenta el departamento del Guaviare, donde se han venido materializando los riesgos advertidos desde la Alerta Temprana 001 de 2025.
Esta alerta advertía sobre el incremento de la disputa territorial entre las disidencias de las FARC de las líneas de Iván Mordisco y Calarcá, conflicto que ha desencadenado hechos violentos, desapariciones y desplazamientos forzados.
En el marco de recientes visitas al departamento por parte de la Defensora del Pueblo, Iris Marín, y el Vicedefensor del Pueblo, se destacó que la Fiscalía General de la Nación ha ordenado agilizar las acciones necesarias para recuperar los cuerpos de personas desaparecidas desde abril, en coordinación con la Fuerza Pública.
Esta es una de las respuestas institucionales ante el agravamiento del conflicto armado en la región.
La Defensoría también hizo un llamado directo a los grupos armados presentes en el territorio para que permitan la implementación de medidas humanitarias que alivien la difícil situación de la población civil.
Esta solicitud fue respaldada por las autoridades locales y busca garantizar corredores humanitarios seguros en medio de los recientes confinamientos, restricciones a la movilidad y el paro armado ocurrido días atrás.
A pesar de los anuncios de la Unidad para las Víctimas y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres sobre el ingreso de alimentos y bienes esenciales, la ayuda humanitaria aún no ha llegado efectivamente a las comunidades afectadas.
Esta demora agudiza el sufrimiento de miles de personas que, además del conflicto armado, enfrentan los estragos de las recientes inundaciones en el territorio.
Particularmente grave es la situación de los pueblos indígenas Nükak y Jiw, en riesgo de extinción física y cultural a causa del desplazamiento forzado y la falta de garantías de permanencia en sus territorios.
La Defensoría alertó sobre los persistentes casos de violencia y explotación sexual que afectan a mujeres y niñas indígenas de estas comunidades, considerados patrones sistemáticos de vulneración de derechos.
“Hemos coordinado acciones con la fiscalía con autoridades del gobierno nacional, y territorial, para que se tomen medidas urgentes y estructurales de protección efectiva de conformidad”, agregó la funcionaria.
Ante estos hechos, se coordinan acciones urgentes con la Fiscalía y autoridades nacionales y territoriales, en consonancia con lo establecido por la Corte Constitucional.
