Comunidades indígenas, escolares, mujeres y líderes sociales se encuentran entre las principales víctimas en riesgo por la expansión de actores armados ilegales. La entidad pidió reforzar la seguridad territorial, proteger a menores y garantizar rutas humanitarias para atender desplazamientos, confinamientos y violencia sexual.
La Defensoría del Pueblo lanzó la Alerta Temprana de Inminencia 011 de 2025, advirtiendo sobre los riesgos de violencia y violaciones a los derechos humanos en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío, en el Valle del Cauca. El documento señala que la confluencia de varios grupos armados ilegales podría desencadenar una escalada de confrontaciones con graves efectos sobre la población civil.
Según la entidad, en la zona hacen presencia el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC) Frente Jaime Martínez, Comisión Wilson González, y la organización criminal conocida como ‘Rastrojos Nueva Generación’.
La Defensoría advierte que la disputa por zonas de movilidad y tráfico ilícito ha incrementado el riesgo de ataques, confinamientos y desplazamientos masivos. El documento resalta que estos territorios conforman un corredor estratégico en la cordillera occidental, conectado con el Cañón de Garrapatas y rutas hacia el Pacífico.
Ahondando en el asunto, precisa que la geografía montañosa y selvática, junto con sus afluentes, facilita el movimiento discreto de drogas, armas e insumos ilegales. “Estos municipios han sido escenario histórico de confrontaciones entre insurgencias, estructuras posdesmovilización y organizaciones criminales, con violencia persistente y presencia estatal intermitente”, indica la alerta.
Entre los riesgos inmediatos se mencionan el incremento de homicidios múltiples y selectivos, el posible uso de artefactos explosivos improvisados en cascos urbanos, y la probabilidad de alianzas tácticas fluctuantes entre grupos ilegales que, al romperse, podrían detonar nuevos picos de violencia. Además, se advierte el impacto en la educación rural, con riesgo de cierre de escuelas, reclutamiento forzado de menores y confinamientos prolongados.
Subraya la Defensoría que la población más afectada incluye a “pueblos indígenas Embera Chamí, comunidades educativas, líderes sociales y juntas de acción comunal, así como mujeres y juventudes rurales que enfrentan violencia sexual, homicidios selectivos y amenazas sistemáticas”.
Entre las recomendaciones, el organismo pidió al Ministerio del Interior coordinar un plan integral de respuesta, reforzar la seguridad territorial con patrullajes permanentes, garantizar la protección diferencial para comunidades vulnerables y priorizar la judicialización de responsables de homicidios, desplazamientos y extorsión. También exhortó a la Procuraduría a ejercer vigilancia preventiva y realizar misiones humanitarias en la zona.
Esta Alerta Temprana busca movilizar a las instituciones del Estado para prevenir una crisis humanitaria de mayores proporciones en el suroccidente colombiano.
