La decisión del Gobierno sobre la continuidad del cese ofensivo y la posible implementación de una zona de ubicación podría marcar un punto de inflexión en los esfuerzos de paz en El Catatumbo. La Defensoría del Pueblo insistió en que toda decisión debe estar orientada a garantizar los derechos de la población civil y no a facilitar nuevas dinámicas de confrontación entre grupos armados.
En medio de una jornada clave para las decisiones del Gobierno nacional frente al conflicto en El Catatumbo, la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, hizo un llamado urgente a evaluar con profundidad los riesgos que podría acarrear la eventual prórroga del cese de operaciones ofensivas contra las disidencias del Frente 33, comandadas por alias Calarcá.
La medida, que vence este mismo domingo, a la media noche, ha generado gran expectativa por su impacto en la seguridad de la región y en el avance del proceso de paz.
A través de su cuenta oficial en la red social X, la Defensoría expresó su respaldo a una salida negociada con los grupos armados ilegales, incluyendo el Frente 33 y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC
, pero planteó interrogantes cruciales que deben ser resueltos antes de avanzar en la definición de una zona de ubicación temporal para la concentración de ese frente armado y la gestión de su armamento.
Uno de los puntos centrales de la preocupación institucional radica en que el establecimiento de esta zona, sin mecanismos claros de verificación ni compromisos explícitos del grupo armado, podría representar una ventaja táctica frente a otros actores del conflicto, como el ELN, que también opera en esta convulsionada región del norte del país.
“¿De qué manera la protección del Estado a la zona de ubicación en la que se concentrarían miembros en armas no representará una ventaja militar para el Frente 33 frente al ELN?”, preguntó la Defensora, subrayando que el deber prioritario del Estado es la protección de la población civil.
Otro de los interrogantes planteados se relaciona con la falta de un compromiso explícito por parte del Frente 33 para respetar los derechos humanos, cesar hostilidades contra la población y detener la estigmatización de líderes sociales y comunidades que supuestamente simpatizan con el ELN.
En ese sentido, la Defensoría advirtió que la suspensión unilateral de operaciones militares, si no se enmarca en un cese bilateral de hostilidades ni en acuerdos verificables, podría ser utilizada por el grupo armado para fortalecer su control territorial y poblacional en El Catatumbo.
“¿Cómo se verificará que el Frente 33 no utilice esta zona para continuar ataques contra la población civil o expandir su dominio en la región?”, cuestiona el comunicado.
Así mismo, la entidad advierte sobre el grave riesgo de que la zona de ubicación termine convirtiéndose en un nuevo epicentro del conflicto armado entre el Frente 33 y el ELN, incrementando la vulnerabilidad de las comunidades que históricamente han sido víctimas de desplazamientos, homicidios selectivos y amenazas.
