La entidad manifestó preocupación por las revelaciones que involucran a miembros del Estado Mayor, integrantes de la Fuerza Pública y altos funcionarios del Gobierno. Llamó a reforzar controles en el proceso de paz, exigir hechos verificables y garantizar investigaciones independientes ante posibles actos de corrupción.
La Defensoría del Pueblo expresó su “profunda preocupación” tras las recientes revelaciones sobre presuntos vínculos entre integrantes del Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte y Frente Comandante Raúl Reyes, miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado.
Según la entidad, estos hechos obligan a reflexionar sobre la solidez y la finalidad del proceso de paz en curso con ese grupo armado.
En un pronunciamiento público, la Defensoría recordó que el Presidente de la República tiene la obligación constitucional de garantizar el orden público mediante el uso legítimo de la Fuerza Pública, la coordinación con la justicia y, de manera complementaria, los procesos de paz negociada.
Sin embargo, advirtió que la suspensión de órdenes de captura —una facultad presidencial para facilitar el diálogo— debe contar con protocolos estrictos para evitar abusos o desvíos de propósito.
El organismo mencionó el caso ocurrido en Anorí, en julio de 2024, cuando se constató el traslado de miembros del EMBF sin suspensión vigente de captura, además del transporte de armas, dinero y un menor de edad, hechos que generaron dudas sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los representantes del grupo armado.
La Defensoría también señaló la existencia de dos realidades contradictorias en torno al proceso: la formal, expresada en acuerdos que incluyen la suspensión del reclutamiento, la participación en una zona de ubicación temporal y gestos como la liberación de secuestrados; y la realidad territorial, donde se evidencia expansión del EMBF, aumento de sus integrantes, control poblacional y continuidad del reclutamiento.
A ello se suman declaraciones de voceros del grupo que rechazan la dejación de armas y un reciente reportaje periodístico que plantea posibles planes contrarios al camino de la paz.
El organismo enfatizó que solo la aplicación rigurosa del mecanismo de verificación pactado permitirá determinar si hay voluntad real de avanzar hacia la desescalada, y pidió al Gobierno evaluar los acuerdos a la luz del comportamiento del EMBF en terreno, exigiendo hechos concretos que demuestren compromiso con la reducción de afectaciones a la población civil.
La preocupación aumentó tras revelaciones sobre presuntos nexos entre el grupo armado y miembros de la Fuerza Pública en distintas regiones, así como con altos funcionarios del Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia. De ser confirmados, estos hechos “no solo indicarían un plan distinto por parte del EMBF, sino que pondrían en tela de juicio la integridad del proceso” y la capacidad institucional para conducirlo sin interferencias.
Ante ello, la Defensoría instó a la Fiscalía y la Procuraduría a adelantar investigaciones penales y disciplinarias con celeridad, independencia e imparcialidad, y pidió que se contemplen medidas inmediatas como el retiro temporal de funciones para evitar interferencias mientras se esclarecen los hechos.
La entidad reiteró que “el país pide hechos de paz” y exigió al EMBF la liberación inmediata, masiva e incondicional de todos los niños, niñas y adolescentes reclutados, al tiempo que recordó que el sufrimiento de las comunidades no puede prolongarse en medio de dudas crecientes sobre el rumbo del proceso.
