La entidad garante de los derechos humanos ha advertido explícitamente los graves riesgos para la población civil generados por ataques provocados por disputas territoriales entre grupos armados ilegales.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que implemente medidas inmediatas frente a la grave situación de violencia que afecta al departamento del Cauca. La entidad expresó su rechazo a los recientes hechos ocurridos en la vereda La Sagrada Familia del municipio de López de Micay, donde se reportó el asesinato de siete hombres y cinco mujeres. Las víctimas eran miembros de la población civil, incluyendo a mujeres trabajadoras sexuales, quienes se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad debido a prejuicios de género exacerbados por el conflicto armado.
La Defensoría advirtió sobre los graves riesgos humanitarios que enfrentan los civiles a causa de los ataques entre grupos armados organizados, que incluyen violencia contra mujeres y otros actos de barbarie. En respuesta a esta crisis, la entidad ha monitoreado la situación de cerca y se ha comprometido a brindar atención inmediata y acompañamiento a los afectados. Además, se desarrollará una misión humanitaria en colaboración con autoridades locales y regionales para garantizar la protección de la población civil, con especial énfasis en la situación de las mujeres.
El organismo recordó a todas las partes en conflicto en la subregión del Naya su obligación de respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Específicamente, hizo un llamado a los grupos armados para que no emprendan acciones violentas ni afecten a la población civil que no participa en las hostilidades, subrayando que estas personas están protegidas bajo el DIH, independientemente de sus relaciones con miembros de los grupos armados.
La creciente violencia en la región está poniendo en grave riesgo la vida, integridad y dignidad de miles de personas atrapadas en medio de los enfrentamientos entre diversos grupos armados. La expansión del control territorial por parte de estos actores armados ha intensificado la crisis humanitaria en la zona.
La Defensoría del Pueblo enfatizó que esta situación requiere de acciones urgentes por parte de las autoridades competentes para evitar más pérdidas humanas y proteger a las comunidades más vulnerables. La entidad continúa trabajando para asegurar que se tomen medidas efectivas para mitigar el impacto del conflicto en la población civil y garantizar su seguridad y bienestar.
