El organismo considera inconstitucional el estado de emergencia decretado por el gobierno, aunque solicita mantener los efectos relacionados con la financiación del sistema de salud. Advierte un déficit estructural en la UPC y una amenaza financiera para la atención médica.
La Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte Constitucional de Colombia declarar inconstitucional la emergencia económica decretada por el gobierno de Gustavo Petro en diciembre pasado, al considerar que no cumple los requisitos constitucionales para un estado de excepción.
El pronunciamiento fue enviado al magistrado Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo y ponente del análisis del decreto suspendido, mediante un documento de 26 páginas firmado por la defensora Iris Marín.
Aunque respalda las demandas que buscan tumbar la medida, la entidad pidió preservar los efectos relacionados con la financiación del sistema de salud, especialmente los recursos dirigidos a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), monto que el Estado gira a las EPS por cada afiliado.
Antes de la declaratoria de emergencia, Camargo y la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 —que reconoció la salud como derecho fundamental— habían abierto un incidente de desacato debido a la insuficiencia de la UPC.
En 2025, la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud destinó 88,4 billones de pesos a este rubro y para 2026 proyecta giros por 101 billones. Sin embargo, la siniestralidad reportada por las EPS alcanza el 109,5 %, lo que implica un déficit cercano a 5,95 billones de pesos.
A esto se suma una brecha del 7,6 % entre el aumento promedio de la UPC del régimen contributivo y el subsidiado. Según Marín, el ajuste previsto para 2026 solo corrige parcialmente el problema, pues persisten déficits acumulados de vigencias anteriores.
Una de las justificaciones del gobierno para declarar la emergencia fue precisamente cumplir las órdenes judiciales relacionadas con el pago a las EPS. La Defensoría reconoce la gravedad del panorama y advierte que la garantía del derecho a la salud, especialmente para poblaciones vulnerables, enfrenta un escenario crítico.
En su intervención, el organismo formuló ocho solicitudes a la Corte. La principal es declarar inexequible el Decreto 1390 de 2025, pero diferir los efectos de las medidas destinadas a enfrentar la crisis sanitaria. También pidió preservar las medidas tributarias del Decreto 1474, derivado de la emergencia, para que los recursos de 2026 se destinen específicamente a la UPC, la atención en salud y el acceso a medicamentos.
Adicionalmente, la Defensoría propone otorgar al gobierno un plazo razonable para tramitar, por vía ordinaria y ante el Congreso, una ley que armonice el presupuesto nacional con las necesidades del sistema de salud.
Las demás solicitudes buscan fortalecer la vigilancia de los entes de control y de la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 sobre la destinación de los recursos, con el fin de evitar desvíos.
El organismo advierte que el sistema enfrenta una amenaza financiera real, pero insiste en que, salvo las medidas necesarias para conjurar la crisis sanitaria, el resto del decreto de emergencia debe ser declarado inexequible.
