El informe identifica riesgos de vulneración de derechos políticos y de seguridad antes, durante y después de los comicios 2025–2026. Contiene 20 recomendaciones dirigidas a entidades del Estado y clasifica cinco niveles de acción según el grado de riesgo.
La Defensoría del Pueblo, a través de su titular Iris Marín Ortiz, presentó la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026, un análisis técnico que busca promover una acción estatal conjunta para garantizar la protección de los derechos políticos y el desarrollo de elecciones libres, seguras y en paz en todo el territorio nacional.
El análisis clasifica la situación de riesgo de los 1.122 municipios del país según cinco niveles de acción estatal.
En 62 municipios se hace un Llamado a la Acción Inmediata, que requiere medidas rápidas frente a un riesgo actual; en 162 municipios se plantea un Llamado a la Acción Urgente para actuar de manera anticipada ante riesgos probables; mientras que en 425 municipios se emite un Llamado a la Acción Prioritaria, que exige una respuesta sostenida frente a amenazas latentes.
Además, 216 municipios están bajo Observación Permanente y 257 en Acción Ordinaria, lo que implica un monitoreo preventivo frente a riesgos bajos o fluctuantes.
“Ninguno de los riesgos identificados implica la imposibilidad de realizar elecciones. Se trata de advertencias técnicas que buscan proteger a la ciudadanía y promover que la democracia se ejerza con plenas garantías”, reiteró la Defensora Iris Marín.
La Alerta también advierte sobre situaciones de riesgo que podrían afectar el ejercicio democrático en los próximos comicios.
“La Alerta tiene 20 recomendaciones. Ahí la intervención permanente, institucional y la atención a las recomendaciones es fundamental desde ya”, afirmó la Defensora del Pueblo, quien subrayó que la priorización de acciones busca proteger todos los procesos electorales del periodo 2025–2026, y no solo la jornada de votación.
El documento formula 20 recomendaciones agrupadas en seis ejes temáticos, que involucran a entidades clave del Estado.
Entre ellas, el Ministerio del Interior, encargado de fortalecer la articulación interinstitucional y territorial en las instancias de garantías electorales; el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, responsables de garantizar la seguridad en vías, puestos de votación y zonas de alto riesgo; la Unidad Nacional de Protección (UNP), que deberá implementar planes de contingencia para candidatos, periodistas, juventudes, víctimas y firmantes de paz; y la Registraduría Nacional junto al Consejo Nacional Electoral, llamados a reforzar la transparencia y la logística del proceso electoral.
La Defensoría también incluyó a la Procuraduría, Personerías y demás órganos de control, a quienes pidió una vigilancia estricta sobre el cumplimiento de las garantías democráticas y la protección de los derechos políticos.
Entre las poblaciones que requieren especial atención, el informe destaca a las precandidaturas y candidaturas, sus equipos de campaña y familias, además de defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, jóvenes, mujeres, personas LGBTIQ+, víctimas y firmantes del Acuerdo de Paz.
La Defensoría del Pueblo insistió en que la Alerta Temprana Electoral no tiene un carácter político ni partidista, sino preventivo y democrático, orientado a proteger a la ciudadanía, anticipar amenazas y preservar la tradición electoral del país, que históricamente ha mantenido su calendario democrático incluso en escenarios de adversidad.
