El documento advierte riesgos para barrios y veredas por disputas entre el Frente 36, Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Ejército Gaitanista de Colombia, con homicidios, desplazamientos masivos y restricciones a la movilidad. La entidad pidió acciones urgentes bajo enfoques de derechos humanos, DIH y seguridad.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 019-2025 tras identificar un deterioro acelerado de la seguridad en Briceño (Antioquia). El análisis atribuye los riesgos a disputas simultáneas entre el Frente 36 —vinculado al Bloque Magdalena Medio—, el grupo emergente Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Ejército Gaitanista de Colombia.
Según la entidad, “habitantes del casco urbano y de corregimientos como Travesías, Las Auras, Chorrillos, Pueblo Nuevo Berlín y Morrón se encuentran expuestos a peligros crecientes”. El documento relaciona la recomposición del escenario local con cambios recientes en estructuras disidentes, entre ellos la salida del Frente 18 y su adhesión al denominado Nuevo Estado Mayor Central, lo que intensificó la competencia por corredores estratégicos, cultivos de uso ilícito y minería ilegal.
En ese contexto, “la exacerbación de la confrontación armada afecta directamente la vida cotidiana y limita el ejercicio de derechos fundamentales”, indica la alerta.
Se registran afectaciones humanitarias verificables. Entre enero y septiembre de 2025 se reportaron diez homicidios de jóvenes entre 17 y 28 años. En octubre ocurrió un desplazamiento masivo de 1.033 familias —2.110 personas— tras órdenes del Frente 36 ante la inminencia de enfrentamientos con el EGC. El informe precisa que “las restricciones impuestas por los grupos armados incluyen toques de queda, control de caminos y exigencia de cartas de recomendación comunal”, medidas que elevan la presión sobre la población civil.
También se documentan infracciones al derecho internacional humanitario: en julio, integrantes del Frente 18 detuvieron una ambulancia y agredieron a un paciente herido. A ello se suma el riesgo por artefactos explosivos; de acuerdo con el comunicado, “la presencia de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos improvisados representa un riesgo extremo para comunidades en retorno”.
Niñez y adolescencia enfrentan riesgo de reclutamiento y utilización ilícita; mujeres y liderazgos comunitarios, estigmatización y amenazas; docentes, presiones que afectan la continuidad educativa. Finalmente, frente a este panorama, la Defensoría dirigió 18 recomendaciones a entidades nacionales y territoriales —entre ellas MinInterior, MinDefensa, Fiscalía, UNP, ICBF, Gobernación de Antioquia y AICMA— orientadas a disuasión inmediata, prevención urgente, protección prioritaria, atención humanitaria y acceso a justicia.
