Equipos institucionales realizan verificación de necesidades, alojamiento temporal y orientación para acceso a medidas de protección. Desde la entidad se insistió en la necesidad de respuestas articuladas y prevención en los territorios de origen ante la persistencia de riesgos.
La Defensoría del Pueblo informó el desplazamiento reciente de 130 familias procedentes del Catatumbo, que arribaron a Cúcuta tras abandonar zonas rurales de Tibú y El Tarra. Los grupos familiares provenían de Mineiro y Pacelli, así como de Filogringo, áreas donde se han mantenido choques armados entre estructuras residuales de las Farc y el ELN.
En distintos puntos de la ciudad se adelantan procesos de atención y caracterización. Las autoridades locales y la Defensoría del Pueblo articulan acciones para garantizar alojamiento temporal, asistencia básica y orientación jurídica. El acompañamiento institucional se centra, además, en la activación de los mecanismos de registro en el sistema de atención a víctimas.
Según la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, la situación exige respuestas rápidas y coordinadas. “La presencia institucional no puede ser episódica ni limitada a la emergencia; se requiere una atención integral que proteja a quienes debieron salir y prevenga nuevos desplazamientos en los territorios rurales”, sostuvo.
Asimismo, la funcionaria dirigió un mensaje claro y directo a los grupos armados que operan en la zona y están generando esta problemática. “La población civil no puede seguir quedando atrapada entre las confrontaciones. El respeto por la vida y la integridad de las comunidades es un mínimo que debe observarse en cualquier circunstancia”, dijo Marín en un comunicado oficial divulgado en sus canales oficiales de comunicación.
Mientras avanzan los registros, organizaciones humanitarias han advertido que el riesgo continúa en los lugares de expulsión, debido a la disputa por control territorial y a restricciones a la movilidad. En ese contexto, la Defensoría reiteró que se requieren medidas preventivas, presencia sostenida de instituciones civiles y garantías para el retorno digno cuando existan condiciones de seguridad.
La situación del Catatumbo vuelve a ubicar en el centro del debate las afectaciones humanitarias derivadas de la confrontación armada en Norte de Santander, así como los desafíos de protección a las comunidades campesinas que permanecen en zonas rurales expuestas a la violencia.
