La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado urgente a los actores del sistema de salud para garantizar la atención continua y el suministro oportuno de medicamentos, ante posibles suspensiones de servicios y cierres de puntos de dispensación que afectarían a miles de usuarios en el país.
La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por los hechos recientemente conocidos que podrían afectar la continuidad en la prestación de los servicios de salud y el acceso oportuno a medicamentos en distintos territorios del país, con impactos directos sobre miles de personas usuarias.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado urgente a todos los actores del sistema de salud para garantizar la continuidad en la atención, especialmente frente a los riesgos de suspensión de servicios y el cierre de puntos de dispensación de medicamentos. Advirtió que la interrupción de tratamientos, la falta de información clara para los usuarios y la ausencia de rutas de transición verificables ponen en riesgo la vida, la dignidad y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.
En ese contexto, la Defensoría reiteró que todos los actores responsables de la prestación de servicios deben garantizar redes de atención suficientes para todas las personas, en aplicación de los principios de universalidad y disponibilidad. Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional, activar planes de contingencia inmediatos y mantener canales de comunicación permanentes y transparentes con la ciudadanía.
La entidad señaló que en días recientes se conocieron comunicados oficiales del Hospital Universitario San Rafael de Tunja (17 de diciembre), el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá (29 de diciembre) y el Hospital Regional de Sogamoso (29 de diciembre), en los que se informó la suspensión masiva de servicios ambulatorios a partir del 1 de enero de 2026.
Estas decisiones estarían asociadas a causas administrativas y financieras comunes, como mora en los pagos, fallas en las plataformas de radicación e incumplimientos por parte de la Nueva EPS.
De igual forma, se conocieron comunicaciones dirigidas a usuarios afiliados a Nueva EPS, en las que el gestor farmacéutico Colsubsidio informó el cierre definitivo del servicio de dispensación de medicamentos en todos sus puntos de atención a nivel nacional a partir del 1 de enero de 2026, con entrega regular únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025.
En dichas comunicaciones se indicó que la continuidad de los tratamientos sería asumida por la EPS, sin que se brindara información clara, oportuna y verificable sobre las rutas de transición, los puntos alternos de dispensación ni los mecanismos para garantizar la continuidad terapéutica.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y a otros entes competentes, entre otras acciones, informar las rutas oficiales de contacto por territorio para la atención de casos de las EPS intervenidas; remitir la documentación sobre los mecanismos de articulación con la Defensoría; detallar las acciones adoptadas frente al informe defensorial “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”; y presentar los planes de choque y resultados de las visitas de la Superintendencia en materia de acceso y disponibilidad de medicamentos.
Asimismo, solicitó a las EPS intervenidas y a los gestores farmacéuticos implementar e informar de manera inmediata los planes de contingencia disponibles para evitar interrupciones abruptas en la prestación de servicios y en la dispensación de medicamentos, con el fin de prevenir afectaciones irreparables a la salud de las personas.
