La violencia organizada continúa afectando a las comunidades de todos los departamentos del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó su profunda preocupación ante los recientes hechos de violencia organizada que afectan a comunidades en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Cesar y Guaviare, así como en otras regiones del país. Los enfrentamientos, secuestros y masacres continúan generando temor y afectando gravemente a la población civil.
Hechos recientes de violencia
A pesar de los anuncios de paz del gobierno de Gustavo Petro, la violencia sigue en aumento en varias regiones del país.
En las veredas Laureles y Puerto Mina, del municipio de Puerto Guzmán, en Putumayo, se registraron enfrentamientos entre las disidencias al mando de alias Calarcá y el grupo Comandos de Frontera. El saldo preliminar es de 11 personas fallecidas, presuntamente integrantes de estos grupos armados.
Entre tanto, en los municipios de Cartagena del Chairá y El Paujil, dos mujeres fueron secuestradas entre octubre y noviembre. Una de ellas se encuentra en estado de embarazo, aumentando la preocupación por su bienestar.
El departamento del Cesar no escapa a la escalada de violencia. En la Serranía del Perijá, el pasado 24 de octubre, el ELN secuestró a siete miembros del Frente 19 del Estado Mayor, incluido un menor de edad. Hasta el momento, no se tiene información sobre su paradero. Por otro lado, en el municipio de La Paz, dos jóvenes, uno menor de edad, fueron retenidos por el Frente 19 del Bloque Magdalena Medio, acusados de robo a ganaderos y campesinos.
Por si fuera poco, en el Guaviare, el pasado 2 de diciembre, se registró una masacre, en la vereda Puerto Cumare, que dejó cuatro muertos y una mujer herida. Entre las víctimas se encuentra un psicólogo que prestaba servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Llamado de la defensora del Pueblo
Ante estos hechos, Iris Marín Ortiz exigió a los grupos armados ilegales respetar los principios de precaución, proporcionalidad y distinción establecidos en el derecho internacional humanitario (DIH), especialmente en relación con la población civil. También instó al Gobierno nacional a priorizar la reactivación total de la mesa de diálogo con el ELN como una medida para reducir las hostilidades.
Entre las solicitudes puntuales al gobierno y a los actores armados están la implementación de acciones concretas que garanticen el respeto por los derechos humanos y las normas del DIH. También pide la reactivación de la Mesa de Diálogo con el ELN, asegurando el cumplimiento de las normas del DIH. Finalmente, la funcionaria pidió establecer acuerdos humanitarios entre el ELN y las disidencias bajo el mando de alias Calarcá, particularmente de alias Andrey, para reducir las hostilidades y los riesgos para la población civil.
La defensora subrayó la necesidad de proteger a las comunidades más vulnerables y reiteró el llamado a los grupos armados para que cesen las acciones que afectan a civiles, quienes han sido víctimas recurrentes de la violencia en estas regiones.
