El organismo alertó que estas fallas están generando interrupciones de tratamientos, cancelación de citas y suspensión de procedimientos, y pidió a la Superintendencia de Salud y al agente interventor respuestas verificables para evitar una afectación masiva al derecho fundamental a la salud.
La Defensoría del Pueblo encendió las alertas por una crisis creciente en la dispensación de medicamentos que estaría impactando la continuidad de la atención en salud en varios territorios del país, particularmente en el contexto de EPS bajo intervención estatal.
De acuerdo con el organismo, se ha identificado “un alarmante aumento y acumulación de casos por la dispensación inoportuna de medicamentos asociados al gestor farmacéutico Colsubsidio”, una situación que, según precisó, no puede entenderse como hechos aislados sino como un problema persistente que requiere acciones inmediatas.
Asimismo, advirtió que los retrasos en la entrega de fármacos están generando efectos en cadena dentro del sistema. “La crisis se evidencia en la interrupción de servicios, suspensión de procedimientos, cancelación de citas y fallas graves en la entrega de medicamentos”, señaló, al subrayar que estas fallas están “poniendo en riesgo la vida y el bienestar de las y los pacientes”.
El pronunciamiento incluye un llamado directo a las autoridades encargadas de la vigilancia y administración del sistema. En ese sentido, la entidad reiteró “el llamado urgente a la Superintendencia Nacional de Salud y al agente interventor de Nueva EPS para que brinden información clara, oportuna y verificable sobre las soluciones adoptadas”, frente a una situación que —advirtió— vulnera el derecho fundamental a la salud.
Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, respaldó el pronunciamiento y enfatizó la gravedad del escenario. En su intervención, reiteró que la acumulación de quejas evidencia una falla estructural y no meramente operativa, al tiempo que insistió en la obligación reforzada del Estado de garantizar continuidad en la atención durante procesos de intervención administrativa.
Uno de los factores que agrava la situación, según la Defensoría, es la falta de información clara para los usuarios sobre rutas de atención y mecanismos de transición en EPS intervenidas, lo que incrementa la incertidumbre y dificulta la gestión oportuna de casos clínicos, especialmente en pacientes con tratamientos de alto costo o enfermedades crónicas.
Finalmente, el organismo señaló que desde una perspectiva de derechos humanos, la intervención estatal no puede traducirse en vacíos de atención ni en retrocesos en el acceso efectivo a medicamentos. Por el contrario, subrayó que las autoridades deben garantizar que las medidas administrativas se reflejen en mejoras reales para los pacientes y no en nuevas barreras al sistema de salud.
