Tras las recientes manifestaciones en Colombia en apoyo al pueblo palestino, la entidad recordó que la protesta pacífica es un derecho constitucional, pero advirtió que no debe generar estigmatización ni daños a bienes públicos o privados. El pronunciamiento responde a las afectaciones contra la ANDI, hecho que su presidente, Bruce Mac Master, calificó como “inexplicable y reprochable”.
La Defensoría del Pueblo se pronunció frente a las recientes protestas en Colombia relacionadas con el conflicto en Gaza, luego de que algunas de ellas, respaldadas y difundidas en redes sociales por altos funcionarios del Gobierno Central, afectaran las sedes y actividades de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi).
En su comunicado, la entidad subrayó que “la protesta pacífica es un derecho constitucional y, lejos de ser condenable, constituye una manifestación legítima de la libertad de expresión”. Sin embargo, advirtió que ese ejercicio debe desarrollarse sin violencia ni señalamientos que comprometan injustamente a sectores de la sociedad.
El texto, firmado por la defensora Iris Marín, afirma que la solidaridad con el pueblo palestino “es coherente con el espíritu de los derechos humanos y con la condena internacional al genocidio y los crímenes de lesa humanidad”, pero recordó que las manifestaciones recientes “se dirigieron específicamente contra un gremio empresarial, estigmatizando al sector productivo como cómplice de los crímenes en curso contra Palestina”.
Frente a ello, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, manifestó en su cuenta de X que la protesta “hubiera podido ser una oportunidad para unirnos, pero derivó en hechos inexplicables y reprochables contra los empresarios de Colombia”.
La Defensoría concluyó que el rechazo a los crímenes de guerra y de lesa humanidad “no debería dividirnos, sino unirnos en el espíritu de fraternidad de los derechos humanos”, insistiendo en que el derecho a la protesta “conlleva responsabilidades y límites: debe ser pacífica y no generar estigmatización”.
