La entidad advierte la convergencia de guerrillas, disidencias, bandas locales y carteles internacionales en un entramado criminal que amenaza a comunidades urbanas y rurales.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta en la que advierte con “máxima preocupación” el grave escenario de riesgo que enfrenta la población civil en el Distrito Especial de Santiago de Cali y sus áreas rurales, en el Valle del Cauca.
El documento revela la existencia de un conflicto híbrido en el que confluyen el ELN, disidencias de las extintas FARC y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), junto a redes criminales locales como los Shottas, Espartanos, La Oficina, La Inmaculada, Lokos Yam, Los Zetas y RPS, además de carteles internacionales como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua, mafias italianas y albanesas, y grupos ecuatorianos como Lobos, Choneros y Tiguerones.
Según la Defensoría, esta convergencia busca controlar rentas ilegales y territorios estratégicos, lo que mantiene en permanente riesgo a comunidades urbanas y rurales a través de violencia sistemática, extorsiones, desplazamientos, amenazas y reclutamiento de menores.
La alerta señala que la aparente estabilidad basada en pactos de no confrontación es frágil, y su ruptura podría desencadenar una escalada de violencia con graves violaciones de derechos humanos. Entre las poblaciones más afectadas se encuentran líderes sociales, defensores de derechos humanos, docentes, estudiantes, periodistas, comerciantes, población migrante, comunidades indígenas y afrocolombianas, personas Lgbti, niños, adolescentes, mujeres y firmantes del Acuerdo de Paz.
Urgen acciones
La Defensoría formuló 35 recomendaciones que van desde fortalecer la investigación y el acceso a la justicia, prevenir violencias y proteger comunidades, hasta adoptar políticas públicas para superar vulnerabilidades estructurales. También exhortó al gobierno nacional, a la Gobernación del Valle y a la Alcaldía de Cali a implementar de inmediato acciones coordinadas y verificables.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió no politizar las alertas, atender los riesgos estructurales como el reclutamiento de menores y articular la seguridad con un enfoque urbano-rural. “Este trabajo es para la gente, hago un llamado a la unión, la acción y la coordinación institucional. Ponemos a disposición toda la capacidad de la Defensoría del Pueblo para proteger a la ciudadanía, reducir riesgos y contribuir a mejorar la situación en Cali y en el país”, afirmó.
