Defensora del Pueblo pide declarar emergencia carcelaria por ataques contra guardias del Inpec

Iris Marín advirtió que la situación es “muy grave” y reclamó medidas extraordinarias ante el llamado ‘plan pistola’. Pidió agilizar traslados, judicializar actos dentro de las prisiones y reforzar la política de resocialización.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, instó al gobierno nacional a declarar el estado de emergencia carcelaria en respuesta a los recientes ataques contra dragoneantes del Inpec, conocidos como el ‘plan pistola’. Según la funcionaria, la situación ha escalado a un nivel crítico y requiere medidas excepcionales para ser atendida de manera inmediata.

“Hemos pedido acudir al estado de emergencia carcelaria para atender esta situación. Esto permitiría, por ejemplo, contar con herramientas presupuestales para realizar traslados de manera más ágil y tomar decisiones sin los largos trámites de los procedimientos ordinarios”, explicó Marín.

La defensora alertó sobre la necesidad de ir más allá de las medidas coyunturales. Propuso fortalecer la judicialización de los hechos violentos ocurridos dentro de los centros penitenciarios y subrayó que la crisis está ligada a problemas estructurales como el hacinamiento y la debilidad de los programas de resocialización.

“El hacinamiento, la falta de procesos sólidos de resocialización y la violencia que hoy vemos dentro de las cárceles confluyen de manera negativa, lo que agrava aún más la crisis”, enfatizó.

Marín también informó que, por seguridad, la Defensoría y otras instituciones se han visto obligadas a suspender sus visitas habituales a los establecimientos penitenciarios. “Varias instituciones hemos tenido que frenar nuestras jornadas de atención en cárceles debido a esta situación”, señaló.

La funcionaria sostuvo una reunión este jueves con la ministra Martha Carvajalino, quien ejercía funciones presidenciales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la fiscal general, Luz Adriana Camargo. El encuentro giró en torno al actual escenario de seguridad en los centros de reclusión y a otros asuntos relacionados con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.