Para la funcionaria, es un error que el gobierno se haya congraciado con estos exparamilitares, responsables de delitos como desplazamientos forzados, desapariciones, violaciones, esclavitud sexual y otras atrocidades.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo fuertes cuestionamientos a la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar a 18 exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz. Según la funcionaria, estos exparamilitares tienen un historial de crímenes graves cometidos durante el conflicto armado, incluyendo masacres, homicidios, persecución política y violencia contra menores de edad.
Petro oficializó los nombramientos mediante una resolución con la que, supuestamente, busca abrir un espacio de diálogo con los exparamilitares, cumpliendo así una promesa que hizo previamente. Sin embargo, la defensora puso en duda la idoneidad de figuras como Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón; Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Rodrigo Pupo, alias Jorge 40, y Hernán Giraldo Serna, alias El Taladro. Estos hombres, responsables de delitos como desplazamientos forzados, desapariciones, violaciones, esclavitud sexual y otras atrocidades, fueron previamente expulsados del programa de Justicia y Paz.
“¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Qué mensaje les enviamos a quienes hoy cometen delitos comparables a los suyos?”, preguntó la defensora.
En su pronunciamiento, solicitó que las labores de los gestores sean monitoreadas de manera estricta y que sus designaciones estén orientadas a la reparación de las víctimas. Además, propuso que los exparamilitares reconozcan públicamente su responsabilidad por los crímenes cometidos y cumplan con las consecuencias penales si fallan en sus nuevas funciones.
“Se lo debemos a las víctimas de ayer y de hoy”, concluyó Marín, insistiendo en que la prioridad debe ser la justicia y la reparación integral.
