Iris Marín, defensora del Pueblo, expresó su “profunda preocupación” por la Resolución 327 de 2025, mediante la cual el Gobierno plantea un nuevo proceso de verdad para exintegrantes de las AUC. Alertó que la iniciativa podría revictimizar, debilitar la justicia y mezclar indebidamente la memoria del conflicto con la contienda electoral.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó una fuerte advertencia al Gobierno nacional tras conocerse la Resolución 327 de 2025, que plantea la participación de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en nuevos procesos de verdad con posible incidencia en el escenario electoral.
La propuesta, expuesta este fin de semana por el Ministerio del Interior, sugiere que las declaraciones de los excombatientes podrían revelar quiénes fueron “bandidos” y, según el ministro, tener un impacto político directo, incluso sobre candidatos actuales.
Para Marín, este enfoque representa un riesgo grave: “utilizar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz”.
En una declaración oficial, la defensora manifestó preocupación en seis puntos clave. En primer lugar, recordó que los compromisos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los exparamilitares ya fueron regulados por la Ley de Justicia y Paz y cuentan con supervisión judicial.
Advirtió que la nueva resolución crea un procedimiento administrativo y voluntario sin control judicial, lo cual “podría revictimizar” a las personas afectadas por el conflicto, especialmente si algunos excombatientes fueron expulsados de Justicia y Paz por incumplir sus compromisos o están actualmente privados de la libertad.
Marín también cuestionó que el Ministerio haya planteado la posibilidad de que algunos de estos exparamilitares salgan temporalmente de prisión para desarrollar actividades territoriales del plan de trabajo, lo que, según dijo, no está contemplado en la ley y “podría significar una excepción al cumplimiento de las sanciones penales”.
En su segundo punto, la defensora recalcó que “las víctimas no son un escenario ni un decorado político”, rechazando cualquier intento de convertir sus historias en insumos de campaña.
“Exponer su dolor sin acompañamiento institucional ni garantías judiciales es revictimizante y puede abrir nuevamente heridas”, afirmó.
La funcionaria insistió en que la verdad no puede depender del calendario electoral, y criticó la afirmación del ministro del Interior según la cual “es mejor que se sepa qué bandido está siendo candidato”.
Para Marín, esa mezcla entre justicia y política “debilita la legitimidad del proceso de verdad y deja la sospecha de que las revelaciones se harían según intereses tácticos o electorales”.
Otro de sus llamados apunta a la protección de las víctimas. Marín advirtió que las actividades propuestas, como recorridos simbólicos o actos públicos, deben estar precedidas por mecanismos de seguridad y mediación judicial, pues de lo contrario podrían derivar en nuevos traumas, intimidaciones o estigmatización.
La defensora recordó que la justicia transicional no puede supeditarse a decisiones unilaterales ni a intereses políticos, y que cualquier cierre de los procesos con las antiguas AUC debe hacerse con base en la verdad judicial, verificable y participativa.
“No sirve un cierre por decreto ni un anuncio rimbombante si la estructura institucional no es robusta, transparente y operativa”, concluyó.
