Actualmente hay varios municipios del departamento de Caquetá que se encuentran incomunicados por cuenta de los atentados ejecutados contra la infraestructura de telecomunicaciones en la región, mientras en otras zonas se distribuyen panfletos amenazantes y extorsivos.
La grave situación de orden público que se vive en las zonas rurales de algunos departamentos del país, ha obligado a varias instituciones del Estado a solicitar del ejecutivo mayor atención a este asunto que ponen en peligro no solo la vida de los habitantes de dichos territorios, sino también, la adecuada prestación de los servicios públicos.
A través de un video colgado en el perfil oficial de la Defensoría del Pueblo en Twitter, Carlos Camargo Assis, denunció que las incursiones terroristas de los actores ilegales que operan en el departamento Caquetá han dejado incomunicados a algunos municipios de ese ente territorial.
“Rechazamos los ataques por parte de grupos armados ilegales que afectan la prestación de servicios públicos esenciales en el país, en Caquetá las disidencias de las Farc vienen llevando a cabo atentados sistemáticos contra la infraestructura de telefonía e internet móvil, en contra del personal de las empresas operadoras, con fines extorsivos en el Bajo Caguán y Cartagena del Chairá dejando incomunicada gran parte de la zona rural de esta región”, aseguró el defensor del Pueblo.
A renglón seguido, hizo un llamado a las autoridades competentes para que intervengan en el territorio, en aras de garantizar la honra, vida y bienes de los habitantes de la región, muchas veces amenazas por las violentas incursiones.
“Instamos a las autoridades a adoptar medidas urgentes para resolver la grave situación que se viene presentando en el departamento y exhortamos a la institucionalidad del Estado a realizar las respectivas investigaciones, acompañamientos y reforzamientos de las garantías de seguridad para la prestación de estos servicios esenciales que protegen la vulneración de los derechos de las personas en varias zonas del país”, apremió Carlos Camargo.
Finalmente, explicó que en lo que va corrido del año la entidad ha activado la ruta de atención y prevención establecido en estos casos, para preservar la vida de varios trabajadores de empresas de servicios públicos víctimas de amenazas directas o a través de panfletos.
“Desde la Defensoría del Pueblo hemos acompañado y tramitado solicitudes de protección a funcionarios de las empresas de servicios públicos, distribuidoras de los servicios de gas propano, gasoductos virtuales, agua y recolección de desechos en Bolívar, Cauca y Arauca, donde se recibieron panfletos y llamadas de grupos al margen de la Ley, en Cauca y Valle las estaciones de servicios prestan únicamente el turno de día por amenazas extorsiones y ataques a sus instalaciones de suministro y abastecimiento así como a sus vehículos de reparto”, puntualizó el funcionario.
