El abogado Víctor Mosquera calificó las declaraciones del presidente Gustavo Petro como un ataque a la independencia judicial y la legitimidad de las decisiones adoptadas por los operadores de justicia.
La defensa de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, presentó una queja formal ante el Relator Especial de Naciones Unidas, denunciando una amenaza sistemática e interferencia judicial en el caso que involucra al empresario. Esta acción, liderada por el abogado Víctor Mosquera, surge tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro relacionadas con la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado Primero Penal Especializado de Antioquia el pasado 13 de noviembre.
El fallo, que exoneró a Santiago Uribe de las acusaciones sobre su presunta participación en el grupo paramilitar conocido como «Los Doce Apóstoles», generó una polémica reacción del jefe de Estado. A través de la red social X, Petro expresó: «La impunidad no nos lleva sino a más violencia», aludiendo directamente a la decisión judicial.
En otro mensaje, el mandatario señaló: “La historia de los 12 apóstoles es la historia verdadera del poder nacido de la gran hacienda y el derecho de matar más de 500 seres humildes, solo porque representaban un obstáculo al ejercicio de ese poder en las regiones de Santa Rosa de Osos, Yarumal y Campamento en Antioquia, a principios de los años ochenta».
Ante estos comentarios, la defensa de Santiago Uribe calificó las declaraciones como un ataque a la independencia judicial y la legitimidad de las decisiones adoptadas por los operadores de justicia. Según Víctor Mosquera, los pronunciamientos presidenciales comprometen los principios fundamentales de la autonomía judicial e imparcialidad, afectando no solo los derechos de su cliente, sino también la confianza pública en el sistema judicial colombiano.
“Este recurso busca destacar las amenazas sistémicas que comprometen los pilares esenciales del Estado de derecho”, añadió la defensa, subrayando las posibles implicaciones negativas para el fortalecimiento institucional del país.
El caso, que ha sido objeto de controversia nacional e internacional, resalta las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial en Colombia, así como la necesidad de preservar la independencia de las instituciones democráticas.
