El alto tribunal estudia las comunicaciones filtradas, las cuales revelarían cómo la burocracia en la DIAN, entidad clave para la estabilidad fiscal, se convertía en moneda de cambio político. El escándalo abre un debate sobre el impacto institucional y económico de estas prácticas.
Revista Semana reveló en exclusiva que la Corte Suprema de Justicia asumió el análisis de un expediente conocido como Reyesgate, integrado por once cuadernos con conversaciones de WhatsApp que comprometen a dirigentes políticos y funcionarios de distintas instituciones. Los mensajes mencionan al ministro del Interior, Armando Benedetti; al pastor Alfredo Saade; al senador conservador Efraín Cepeda, y al magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández.
Las conversaciones están vinculadas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En ellas se registran solicitudes de nombramientos, recomendaciones de hojas de vida y gestiones relacionadas con contratos. Según la información contenida en los chats, varios de los implicados habrían enviado nombres de aspirantes y propuestas de asesoría al entonces director de la entidad, Luis Carlos Reyes.
El expediente, que hace parte de un proceso penal en curso, se encuentra bajo estudio de la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Su despacho revisa la posible comisión de conductas relacionadas con tráfico de influencias, cohecho y celebración indebida de contratos.
Además de los nombres mencionados, fuentes judiciales señalan que el caso podría involucrar a más de 60 congresistas y excongresistas, cuyas comunicaciones habrían sido recopiladas dentro de la misma investigación. La documentación incluye mensajes de texto, registros de llamadas y referencias a procesos de contratación.
El alcance del expediente no se limita a la esfera política. También se examinan contratos de asesoría jurídica y procedimientos internos en la DIAN que habrían sido objeto de gestiones externas. La entidad tributaria es considerada clave en el recaudo fiscal y en la lucha contra el contrabando, razón por la cual el caso ha despertado especial atención en el ámbito institucional.
Hasta el momento, ninguno de los implicados ha entregado declaraciones oficiales frente al contenido de los chats. Sin embargo, la investigación avanza en fase preliminar y se proyectan nuevas diligencias para esclarecer la participación de cada persona mencionada en los documentos.
