Por: José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie
Cuando escribo estas líneas, la crisis que causó la “pausa” en las negociaciones con el ELN se superó con un comunicado conjunto, del que resalto “la firme decisión de permanecer en la mesa”, así como “el compromiso de lograr en este ciclo los acuerdos de cese al fuego bilateral y nacional, participación de la sociedad en la construcción de paz y acciones y dinámicas humanitarias”.
Dios nos asista para que así sea, porque no es tarea fácil, sobre todo porque el cese al fuego no se puede separar del cese de hostigamientos a la población derivados de las actividades ilícitas del ELN; son “siameses”, como ambos lo son de la participación de la sociedad en la construcción de la paz.
No es un juego de palabras. Si por “cese al fuego” entendemos los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el ELN, este nunca será posible mientras no cesen las actividades ilícitas, porque la Fuerza Pública está obligada constitucionalmente a perseguirlas, como está obligada a defender a la población del fuego cruzado entre grupos ilegales por el control territorial, convertido en azote de las comunidades en los territorios.
Por las mismas razones, tampoco será posible que la sociedad participe “libremente” en la construcción de la paz, hostigada, constreñida como está por el sistema de sometimiento de hecho que genera ese entorno de violencia multiforme.
Ahora bien, el cese al fuego y de hostilidades son inseparables de la participación social, mas no iguales y, por tanto, tienen prioridades y tratamientos diferentes, aunque el remedio aplicado al uno siempre afecte al otro, como en los siameses. ¿Cuál es entonces la prioridad?
Cuando el ELN declara que el corazón del proceso es la participación de la sociedad, importante, por demás, no le ha preguntado a esa sociedad cuál es para ella el corazón del proceso. El Gobierno, por el contrario, tiene claro que el diálogo con el ELN es “coherente con la súplica constante de las comunidades para cesar la violencia (…) porque el pueblo nos juzga por lo que sucede en los territorios”. Esa es la vara con la que miden las negociaciones los directamente afectados y el país todo.
Es importante avanzar en la participación, pero me pregunto: ¿acaso no es más importante garantizar primero la vida, la seguridad y la libertad de quienes queremos que participen? ¿Cómo brindar protección a la población que se invita a participar?
La respuesta debe inspirar el acuerdo sobre cese al fuego, porque están de por medio miles de compatriotas que sufren y están pegados a la esperanza. Un proceso exitoso con el ELN, sin disidencias ni renegados; con realismo y, sobre todo, con “voluntad”, que debe haberla, le mandará al país un fuerte mensaje positivo, aunque solo sea un primer paso hacia la paz.
Entretanto, el Gobierno seguirá lidiando con las mafias y las nefastas externalidades del proceso con las Farc, como las disidencias de Iván Mordisco, que lo acusan con desfachatez de incumplimiento, porque la Fuerza Pública no se queda impasible mientras se dan bala con unos y otros y agreden a la población para mantener control territorial y proteger sus rentas ilícitas.
Esa violencia dispersa es uno de los riesgos de un cese nacional, pues cualquier incidente puede ser “fósforo en gasolinera”. Por ello coincido con la propuesta del presidente Petro de un cese regional y progresivo, que permita control efectivo, resultados tempranos, implementación de acciones humanitarias prioritarias y, además, la presencia articulada del Estado con “brigadas de bienes públicos”, como el arma más eficaz contra el narcotráfico y la violencia, porque… ese bienestar esquivo es el verdadero camino hacia la paz.