La Corte Suprema estudia las transacciones descubiertas por Daniel Coronell, que incluyen depósitos de asesores a favor del representante oficialista y compras de mercado con recursos públicos. La Corte Suprema evalúa si estas prácticas constituyen delitos contra la administración pública y ameritan la privación preventiva de su libertad.
El representante a la Cámara y figura notable del Partido Pacto Histórico, David Racero enfrenta un nuevo capítulo en su proceso judicial, tras la publicación de nuevas pruebas por parte del periodista Daniel Coronell en la columna: El mercado regalado, difundida en el portal Cambio. Los documentos bancarios divulgados apuntan a que miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) realizaron transferencias, depósitos y compras destinadas a beneficio personal del congresista y de su círculo familiar.
Según la investigación, Yidis Gahona, exintegrante de la UTL de Racero, consignó el 24 de diciembre de 2018 la suma de $5.320.000 a la cuenta del congresista desde una oficina bancaria en Puerto Carreño (Vichada). Otros pagos similares habrían sido justificados como “préstamos temporales”, pero carecen de soportes contractuales claros.
Coronell también reveló que Viviana Marcela Moreno, asesora cercana de Racero, realizó transacciones periódicas hacia cuentas de su hermano Jorge Luis Racero, de su padre Jorge Eliécer Racero y de su entonces compañera permanente. El 29 de abril de 2019 consignó $2.000.000 al hermano del congresista, y el 8 de mayo de ese mismo año transfirió otros $2.000.000 a su pareja.
Las pruebas incluyen, además, pagos a proveedores de alimentos como Agrosolidaria y Mieco Despensa, cuyos registros muestran compras de mercado entregadas en la residencia de Racero en medio de la pandemia. Estos movimientos, que se repitieron entre marzo y mayo de 2020, refuerzan la hipótesis de que recursos públicos destinados a la UTL habrían terminado cubriendo gastos personales del legislador.
Según develó el periodista en su artículo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia analiza estas evidencias para determinar si configuran delitos como concusión, peculado o interés indebido en la contratación. Una decisión clave será la eventual imposición de medida de aseguramiento contra Racero.
Hasta el momento, el congresista solo ha emitido declaraciones públicas tratando de desvirtuar las voces que lo denuncian, pero nada de fondo sobre las revelaciones de Coronell. El caso representa un golpe de alto impacto político para el Pacto Histórico, colectividad a la que pertenece Racero y aumenta la presión sobre las autoridades judiciales y disciplinarias.
