El no cobro de arriendos de inmuebles, la venta por debajo de los cánones del mercado y permitir el deterioro de algunos de los bienes prendió las alarmas de la Contraloría.
Debido a presuntas irregularidades encontradas en la administración y monetización de los bienes entregados por los desmovilizados de los grupos armados, la Contraloría ordenó la apertura de dos procesos de responsabilidad fiscal en contra de algunos coordinadores y funcionarios del Grupo Administrador del Fondo para la Reparación de Víctimas, al establecer la existencia de daño patrimonial ocasionado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, uno por $15.284 millones y otro por $872.427.331.
Irregularidades
Entre las irregularidades en la administración y monetización de los bienes entregados para reparar a las víctimas están el no cobro de los cánones de arriendo, permitir por descuido el deterioro de los bienes hasta llevarlos a ruina o amenaza de ruina, indebida administración y producción de los bienes destinados a las actividades agrícolas y forestales, y por mantener bienes en el paso en el paso del tiempo, sin ningún sistema de administración, entre otros. Además, según la Contraloría, se efectuó la venta de varios bienes por debajo de los precios del mercado.
Cabe recordar que estos bienes fueron entregados por los desmovilizados de los grupos armados, dentro del marco de la ley de Justicia y Paz, para la generación de recursos para el pago de las reparaciones integrales, reconocidas mediante sentencia judicial, a todas las víctimas del conflicto armado en el país.
