Escalada de violencia entre el ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC-EP ha desencadenado un problema social sin precedentes: más de 64.000 personas han sido desplazadas y cerca de 13.000 permanecen confinadas.
La región del Catatumbo, en Norte de Santander, atraviesa una grave crisis humanitaria que se ha intensificado entre enero y abril de 2025, según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo. Durante este período, se registraron 117 asesinatos, 32 personas lesionadas, 64.783 desplazados y 12.913 confinados, cifras que reflejan el recrudecimiento de la violencia en esta zona fronteriza con Venezuela.
Municipios como Tibú, El Tarra, Teorama y Sardinata son los más afectados, enfrentando altos niveles de desplazamiento y violencia a manos de grupos armados.
Este informe advierte la presencia activa de grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC-EP, quienes operan de manera permanente e intermitente en la región. Además, se destaca la actividad de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en algunos sectores.
La entidad no duda en admitir que este conflicto se ve agravado por el valor estratégico del Catatumbo en el narcotráfico, con Tibú albergando 23.030 hectáreas de cultivos de coca, según un informe de la UNODC.
En cuanto a la violencia, el estudio asegura que ha afectado especialmente a comunidades vulnerables, incluyendo indígenas y menores de edad, quienes enfrentan reclutamiento forzado y abusos.
Un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) de enero de 2025 ya había alertado sobre las violaciones de derechos humanos por parte del ELN y los enfrentamientos con disidencias de las FARC, mientras que Human Rights Watch reportó que, desde 2017, más de 40.000 personas han sido desplazadas en la región debido a conflictos entre el ELN y el EPL.
Finalmente, ante el difícil panorama, la Defensoría del Pueblo ha emitido recomendaciones urgentes para atender la crisis. Entre ellas, propone mejorar la identificación y atención integral a las víctimas, garantizar una educación segura para la infancia y proteger a las comunidades indígenas frente al desplazamiento.
También exige fortalecer la Fuerza Pública, implementar el decreto de paz de 2017 y adoptar un plan nacional para abordar las causas estructurales del conflicto. Asimismo, solicita a la Fiscalía investigar los hechos y garantizar reparaciones para las víctimas.
