La Defensoría del Pueblo y autoridades regionales intervinieron para exigir soluciones inmediatas a la Nueva EPS, cuya deuda ha llevado a declarar alerta roja hospitalaria en Risaralda y Quindío. Caldas advirtió que podría adoptar la misma medida.
Gobernaciones, alcaldías y organismos de control del Eje Cafetero atendieron el llamado de la Defensoría del Pueblo y de hospitales de Risaralda, agremiados en ACESI, para exigir a la Nueva EPS la normalización de pagos atrasados que mantienen en crisis a la red hospitalaria de la región.
Según datos de ACESI, la deuda de esta EPS con los hospitales públicos asciende a $260.929 millones, distribuidos así: Caldas ($115.222 millones), Quindío ($106.677 millones) y Risaralda ($39.029 millones).
La situación ha obligado a declarar alerta roja hospitalaria en Risaralda y Quindío, donde clínicas, hospitales e IPS han cerrado servicios a la Nueva EPS. En el Quindío, las obligaciones acumuladas ya superan los $404.940 millones.
La Defensoría del Pueblo advirtió que, si no se normalizan los pagos, Caldas podría tomar la misma medida, lo que afectaría también al norte del Valle. Entre tanto, las quejas en salud en el Eje Cafetero aumentaron en un 70% entre 2024 y 2025, mientras que ante la Superintendencia de Salud crecieron un 26% en el mismo periodo.
Frente a este panorama, la Nueva EPS presentó un plan de pagos de los recursos corrientes y una estrategia para estabilizar la situación financiera de los hospitales en el Eje Cafetero.
En primer lugar, se acordó la conciliación de cuentas por más de $94.510 millones, correspondientes a glosas, devoluciones y pendientes, con el compromiso de establecer acuerdos de pago conforme al cronograma que se definirá con cada territorio.
Adicionalmente, la EPS se comprometió a realizar acuerdos de pago de deudas corrientes, es decir, aquellas posteriores a la intervención, por valores equivalentes al promedio facturado por los hospitales, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios.
Otro punto clave fue la solicitud de los hospitales a la Nueva EPS de entregar el manual de procesos de facturación y radicación de cuentas, con el objetivo de agilizar los trámites administrativos y garantizar pagos más oportunos.
Para reforzar la transparencia, se estableció un seguimiento semanal a los pagos por parte de las comisiones regionales de moralización, que en el plazo de un mes realizarán una reunión conjunta para evaluar el cumplimiento de los compromisos.
Así mismo, se pactó la convocatoria a otras EPS, de manera que los compromisos de pago y la vigilancia de la prestación del servicio no recaigan únicamente en la Nueva EPS, sino que se extiendan a toda la red aseguradora de la región.
Los hospitales reiteraron que harán todo lo posible por mantener activos sus servicios, pero advirtieron que la reapertura de áreas cerradas dependerá de que las EPS cumplan con los pagos, ya que de ello depende no solo la atención a los afiliados, sino también la garantía del derecho a la vida y la salud en condiciones dignas.
