A dos años de la administración de Gustavo Petro, cifras alarmantes revelan una disminución del 31,4 % en la atención a pacientes y una caída del 41,9 % en los servicios prestados, afectando especialmente a los departamentos más vulnerables como Chocó y Guainía.
En medio de un panorama desolador para la salud pública en Colombia, la senadora María Fernanda Cabal ha hecho un llamado urgente a la atención de las autoridades y a la ciudadanía. A través de un trino en su cuenta de X, la senadora alertó que «entre 60 y 90 mil tutelas están inundando los despachos judiciales, exigiendo medicamentos y atención médica», y destacó que «dos años de Petro han traído muerte y sufrimiento a millones de colombianos que no encuentran respuestas».
Su mensaje se suma a un creciente clamor por la mejora del sistema de salud, que, según los críticos, ha sido desmantelado bajo la administración del presidente Gustavo Petro.
La situación se ha vuelto insostenible. Según datos recientes, la atención a pacientes ha caído un alarmante 31.4 % entre enero y abril de 2024. La disminución en la cantidad de servicios prestados se ha registrado en un 41.9 %, lo que ha llevado a un colapso en la atención, especialmente en regiones como Chocó y Guainía.
Este deterioro ha sido vinculado a la intervención de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), como Nueva EPS, que ahora se encuentran bajo control gubernamental, pero que han fallado en proporcionar los servicios necesarios.
El economista Armando Montenegro, en una columna publicada en El Espectador, subrayó que la caída del 23.2 % en consultas por enfermedades de alto costo no es indicativa de una mejora en la salud, sino de la falta de acceso a servicios médicos esenciales.
Esto se refleja en un incremento del 12 % en las quejas de los pacientes entre enero y mayo de 2024, lo que demuestra el creciente descontento con el sistema de salud. «No debe sorprender, entonces, que la cantidad de reclamos de los pacientes se esté incrementando en forma acelerada», enfatizó Montenegro.
Un sistema al borde del colapso
Las cifras son alarmantes. Con un déficit proyectado de $9.5 billones, las EPS se encuentran en crisis, lo que está agravando la atención médica y resurgiendo un modelo segregado de servicios entre ricos y pobres. Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia, su gobierno ha prometido intervenciones y mejoras en el sistema, pero las acciones parecen haber tenido el efecto contrario.
Las EPS, que en teoría deberían servir a la población, ahora enfrentan dificultades financieras críticas. Por ejemplo, Sanitas reportó pérdidas de 200.000 millones de pesos a finales de junio, una situación que ha llevado a una deuda de $35.511 millones con la red hospitalaria.
Esta realidad se convierte en un verdadero viacrucis para millones de colombianos, incluidos 800.000 docentes del magisterio, quienes luchan por acceder a servicios de salud a través del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). El sistema de salud, lejos de ser fortalecido, se encuentra en un estado caótico, donde las intervenciones prometidas han fracasado, y las denuncias de corrupción continúan surgiendo.
Denuncias y malestar social
Las intervenciones a las EPS no han tenido el impacto esperado. En abril de 2024, el gobierno realizó intervenciones forzosas en las EPS más grandes del país, incluyendo Sanitas y Nueva EPS. Sin embargo, estas acciones no han llevado a mejoras significativas en la atención.
Al contrario, los datos muestran un aumento en el número de quejas. En total, se han registrado 928.268 quejas hasta la fecha, un incremento notable respecto a las 816.555 que se reportaron en el mismo período de 2023.
La situación ha creado un ambiente de desconfianza y descontento entre la población. Los usuarios de las EPS intervenidas han presentado 463.279 quejas, lo que refleja la falta de atención y la creciente frustración de los pacientes que no reciben los tratamientos que necesitan.
La respuesta del gobierno y el futuro de la salud
El presidente Petro, ante el panorama desolador presentado por críticos como Montenegro, ha defendido su gestión, argumentando que las reformas buscan mejorar un sistema que arrastraba problemas históricos. Sin embargo, los resultados son evidentes: los recortes en la financiación de las EPS y la reducción de servicios han llevado a una crisis sin precedentes.
Las proyecciones futuras son preocupantes. Si no se implementan soluciones efectivas, el sistema de salud podría continuar en un camino de deterioro, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de millones de colombianos.
La denuncia de la senadora Cabal resuena como un llamado a la acción urgente para restaurar la confianza en un sistema que debe ser accesible y efectivo para todos, no solo para unos pocos privilegiados.
