La Alta Consejería para la Paz del Distrito de Santa Marta advierte que la falta de coordinación entre entidades nacionales agrava el conflicto territorial y deja a la ciudad asumiendo los costos sociales y económicos. Desde la administración local exigen verificación internacional, gobernanza restaurada y decisiones coherentes que permitan reabrir el parque sin reproducir las causas del cierre.
El cierre del Parque Nacional Natural Tayrona, que completa siete días, evidenció una crisis multidimensional que trasciende lo ambiental y turístico para instalarse en el terreno de la seguridad y la gobernanza territorial. La Alta Consejería para la Paz y el Posconflicto de Santa Marta, Jennifer Del Toro Granados, advirtió que “la crisis en el Parque Tayrona no es un problema de paz ni un problema ambiental ni un problema turístico. Es los tres a la vez”, y cuestionó que el Gobierno nacional los esté manejando por separado.
Según la consejera, el núcleo del problema radica en la intervención simultánea de varias entidades con lógicas contradictorias. “Cinco entidades nacionales actúan simultáneamente sobre el mismo territorio con lógicas contradictorias y sin conducción única”, señaló, al referirse a las acciones del Ministerio de Defensa, la Oficina del Comisionado de Paz, Parques Nacionales, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Comercio.
La funcionaria explicó que esta fragmentación institucional produce efectos directos en la economía local. El Tayrona moviliza cerca de 330.000 millones de pesos anuales y recibió más de 818.000 visitantes en 2025, según Cotelco Magdalena. Con el parque cerrado, operadores turísticos sin reservas, guías sin ingresos y hoteles del corredor pierden diariamente los recursos que sostienen empleos formales y economías familiares.
Los hechos recientes refuerzan las advertencias de la Alerta Temprana 020-2025 de la Defensoría del Pueblo. El 17 de febrero, Parques Nacionales expidió la Resolución 091 ordenando el cierre indefinido por pérdida de control territorial y amenazas a guardaparques. Un día después, la Oficina del Comisionado de Paz confirmó la firma de un acuerdo marco con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), mientras el 20 de febrero el Ministerio de Defensa responsabilizó al mismo grupo por extorsiones y hechos que derivaron en el cierre.
Para el Distrito, estas decisiones reflejan una desconexión institucional. “Aún hoy, pese a la gravedad de los hechos, se percibe una desconexión entre la postura de la Oficina del Comisionado de Paz (…) y el Ministerio de Defensa”, advirtió Del Toro, al señalar que Santa Marta no puede ser escenario de esas contradicciones por sus consecuencias para la ciudadanía.
La Alta Consejería sostuvo que durante meses se advirtió al Gobierno nacional sobre distorsiones en la conducción del proceso sociojurídico de paz. “En los despachos del Presidente (…) reposan todas las advertencias que con debida diligencia generamos sobre distorsiones en la conducción del espacio sociojurídico de paz”, afirmó, subrayando que ese registro documental es público y verificable.
El Distrito considera que la dualidad de las ACSN —señaladas como responsables de violencia y, al mismo tiempo, interlocutoras en un proceso de paz— exige coherencia institucional. “Esta dualidad no es una contradicción que deba resolverse antes de actuar: es el contexto en el que la política de seguridad debe operar”, indicó la consejera.
En ese escenario, la administración distrital espera que la mesa del 27 de febrero con comunidades indígenas y entidades estatales defina condiciones claras para la reapertura del Tayrona. Entre las peticiones al Gobierno nacional se incluyen verificación internacional con consecuencias reales, reapertura con gobernanza restaurada e integración de la Alerta Temprana al proceso sociojurídico.
“La gente en Santa Marta reclama decisiones concretas, no señalamientos, no excusas”, concluyó Del Toro. Mientras tanto, el cierre del Tayrona se consolida como el síntoma más visible de una crisis donde la falta de coordinación estatal traslada sus costos a la ciudadanía samaria.
