La DIAN ratificó que Ecopetrol y su filial Reficar deben pagar el 19 % de IVA por gasolina y diésel importados, una decisión que podría costarles más de $1,5 billones. El embargo de cuentas amenaza la operación de la refinería y pone en riesgo la estabilidad financiera del país.
El conflicto fiscal entre Ecopetrol y su filial Reficar se agrava tras la decisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de mantener el cobro del 19 % de IVA sobre el diésel y la gasolina importados. La medida, que se origina en un concepto tributario emitido en diciembre de 2024, podría representar un golpe económico de más de $1,5 billones para la empresa estatal.
La resolución de la DIAN afecta de manera directa a Reficar, que opera bajo el régimen de zona franca. Según el criterio del organismo, todos los combustibles producidos por la refinería y vendidos en Colombia se consideran importaciones, lo que la obliga a pagar el impuesto. Si la empresa no cumple con esta obligación, sus productos podrían ser catalogados como contrabando, permitiendo a la DIAN iniciar acciones legales.
Reficar estima que el valor a pagar por el IVA rondaría los USD 550 millones, mientras que la retroactividad del cobro, que incluye los años 2022, 2023 y 2024, eleva la deuda total a $1,5 billones. Tras agotar los recursos administrativos, la DIAN negó el recurso de reconsideración presentado por la compañía y ratificó la obligación de pago de al menos $1,3 billones.
Cierre de Reficar
La refinería se encuentra en una situación crítica: la DIAN podría iniciar un proceso de cobro coactivo y embargar sus cuentas bancarias. En caso de concretarse el embargo, Reficar solo tendría capacidad operativa para entre 7 y 18 días. Si el conflicto no se resuelve en ese plazo, la compañía podría detener su producción de 200.000 barriles diarios, afectando el suministro de gasolina, diésel y Jet en la costa Caribe.
El impacto también alcanzaría al grupo empresarial Ecopetrol. La petrolera cuenta con bonos internacionales cuya cláusula de cumplimiento establece que, si una filial sufre un embargo superior a USD 100 millones, los acreedores pueden exigir el pago inmediato de toda la deuda, que supera los $120 billones.
Riesgo financiero para el país
Un escenario de este tipo, advierten los analistas, pondría en riesgo la estabilidad financiera del país.
Expertos tributarios consultados sostienen que la postura de la DIAN responde a la necesidad del gobierno de fortalecer la liquidez del Estado ante las dificultades para aprobar una nueva reforma tributaria. Sin embargo, advierten que las medidas adoptadas podrían debilitar gravemente a dos empresas consideradas estratégicas para la economía nacional.
El caso podría escalar aún más ya que la DIAN prepara una segunda acción, esta vez contra Ecopetrol directamente, por un monto estimado en $7,5 billones, relacionada con la importación de unos 40.000 barriles diarios de gasolina. La autoridad tributaria podría embargar hasta el 200 % del valor reclamado, lo que elevaría la cifra a $15 billones entre ambas compañías.
