Los detenidos en las cárceles de Cómbita y Lorica están aguantando hambre; algunos tienen que hacer recolecta para poder comprar comida.
La Procuraduría encontró irregularidades en el suministro de alimentos para los prisioneros de la cárcel de alta seguridad de El Barne, en Cómbita, Boyacá. La firma contratista, según denuncias, no cuenta con la capacidad logística para brindar un servicio idóneo.
El Ministerio Público encontró desabastecimiento y descomposición de alimentos (frutas, tubérculos, verduras y lácteos), además de incumplimiento en la entrega de las tres comidas diarias y el refrigerio desde el pasado 6 de diciembre, circunstancias que afectan la población carcelaria, especialmente a quienes padecen patologías que demandan dietas con recomendaciones médicas.
Sin personal
Asimismo, se supo que siete de las nueve personas contratadas por la empresa prestadora del servicio renunciaron a su trabajo y que la administradora del rancho no cuenta con vinculación formal.
“Pasados 13 días de ejecución contractual, no se avizora normalidad e idoneidad en la prestación del servicio, siendo por el contrario un común denominador la improvisación y vulneración de derechos de la población privada de la libertad”, aseguró la Procuraduría en el acta de visita.
Vaca para comprar comida
En una situación similar se encuentran los 63 reclusos (54 hombres y nueve mujeres) en la cárcel municipal La Amarilla, en Lorica, Córdoba, quienes tienen que realizar colectas para poder alimentarse una vez al día. La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento esta realidad y se mostró preocupada debido a las reiteradas violaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad.
“Nos contaron las afugias que están pasando; una es que deben ingeniárselas para ingresar dinero y, entre ellos mismos, hacer la llamada vaca para poder adquirir sus alimentos. Pero la problemática, que se sale de los márgenes humanos, no para ahí, pues lo poco que reúnen, según su testimonio, solamente les alcanza para alimentarse una vez al día”, manifestó Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.
Los detenidos también dijeron que a quienes dependen de medicamentos, no se los están suministrando. Las citas médicas no han sido posibles debido a que no hay vehículos para trasladarlos a los centros de salud, como tampoco y en atención al desarrollo de sus procesos en las audiencias, los están llevando a los juzgados.
