La primera demanda contra el Decreto 0858, que impone el nuevo modelo de salud del gobierno, ya fue presentada ante el Consejo de Estado. Abogados y congresistas lo tildan de inconstitucional y advierten que el presidente Gustavo Petro está desbordando sus competencias al imponer por decreto cambios estructurales sin pasar por el Congreso.
La controversia en torno al Decreto 0858 del 30 de julio de 2025, mediante el cual el gobierno nacional adopta el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como política pública obligatoria, ha escalado al terreno judicial. La norma, que transforma la organización del sistema de salud sin pasar por el Congreso, ha sido blanco de una creciente oleada de demandas y críticas por parte de sectores políticos y jurídicos.
La primera acción judicial fue interpuesta por los abogados Germán Calderón España y Abelardo de la Espriella. El recurso, radicado ante el Consejo de Estado, argumenta que cualquier reforma sustancial al sistema de salud, por tratarse de un derecho fundamental, debe realizarse mediante una ley estatutaria, no por decreto.
También demandarán
A la ofensiva se sumará la senadora Paloma Valencia, quien anunció una demanda para tumbar lo que calificó como un “decretazo”. Según la congresista, el gobierno está invadiendo competencias legales al trasladar funciones propias de las EPS a las entidades territoriales sin respaldo legislativo. “Ley mata decreto”, insistió, agregando que se trata de un acto “abiertamente ilegal e inconstitucional”.
Valencia fue más allá y cuestionó el respeto del presidente Gustavo Petro por la Carta Magna. “Si su deseo era legislar, debió quedarse en el Congreso. Es gravísimo para Colombia tener un presidente que todos los días busca cómo romper la Constitución”.
Asimismo, el representante a la Cámara Andrés Forero también anunció que demandará la norma, sumándose a otros dirigentes que denuncian una “autocracia” en marcha.
Más críticas
Las voces críticas no se limitan al ámbito político. Entidades del sector salud, como ACEMI y la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, han advertido sobre los riesgos de implementar una transformación estructural sin una hoja de ruta clara, ni financiación asegurada.
ACEMI ha señalado vacíos técnicos y falta de lineamientos para aplicar el modelo, mientras que los hospitales piden claridad sobre los recursos, especialmente para las zonas rurales. Aunque el enfoque en prevención y cuidado primario es valorado positivamente, los expertos temen una fragmentación del sistema si no hay una transición ordenada y consensuada.
Exministros y analistas independientes coinciden en que, sin respaldo legislativo, el decreto queda jurídicamente vulnerable y podría ser tumbado por los jueces, pese a su entrada en vigor inmediata.
