Una Sala especializada del Alto Tribunal calificó las detenciones como arbitraria. La decisión obliga a las autoridades costarricenses a definir el estatus legal de los afectados. Analistas aseguran que el fallo podría generar fricciones diplomáticas.
A pocas horas de la llegada de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, la Corte Suprema de Costa Rica emitió un fallo que podría tensar los lazos entre ambos países: la Sala Constitucional ordenó la liberación de los migrantes deportados por el gobierno de Donald Trump y retenidos en suelo costarricense desde febrero.
El pronunciamiento judicial considera que la privación de libertad de estos migrantes ha sido arbitraria y exige además que las autoridades costarricenses definan con claridad el estatus migratorio de cada uno de ellos. Se trata de personas provenientes de distintos países, en su mayoría de América Central, que fueron devueltos desde EE. UU. bajo antiguos protocolos de control migratorio.
Aunque el Ministerio de Gobernación de ese país ha confirmado que acatará la orden, el momento en que se produce la sentencia ha generado interpretaciones políticas. La visita de Noem tenía como propósito fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad regional y control de flujos migratorios, pero el fallo introduce un nuevo punto de fricción.
Expertos en relaciones internacionales señalan que la decisión judicial reafirma la autonomía del sistema costarricense frente a presiones externas, y podría servir de referencia para otros países que también enfrentan dilemas similares frente a la política migratoria de Estados Unidos.
