La Sala Penal revocó la absolución de una fiscal y la condenó en segunda instancia por prevaricato por acción agravado. La funcionaria había ordenado la libertad de un procesado y precluido la investigación pese a la existencia de pruebas directas.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia absolutoria proferida por el Tribunal Superior de Bogotá y condenó a la fiscal Bibiana Rosa Orozco Bonilla por el delito de prevaricato por acción agravado, tras establecer que actuó de manera consciente y deliberada en contra de la ley al favorecer a un procesado por un violento ataque contra una periodista.
En decisión con ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, la Corte concluyó que la funcionaria ordenó de forma irregular la revocatoria de la medida de aseguramiento y la preclusión de la investigación, pese a que existían antecedentes procesales, pruebas directas y la declaración de la víctima que vinculaban al sindicado con los hechos.
El alto tribunal señaló que la decisión adoptada por la fiscal carecía de motivación suficiente y desconocía que ella misma había rechazado previamente una solicitud similar de la defensa.
Además, advirtió que, aunque el procesado se acogió a sentencia anticipada por dos de los tres delitos imputados —acto que quedó formalizado en un acta—, la fiscal nunca remitió el trámite al juez para la respectiva revisión y sentencia, manteniendo el proceso bajo su control durante un prolongado periodo.
Según la Corte, sin ofrecer explicación alguna, la funcionaria terminó vinculando esos mismos delitos a la decisión de revocar la medida de aseguramiento y precluir la investigación, actuación que fue calificada como abiertamente contraria a la ley.
El fallo también cuestionó la “precariedad argumental” de la absolución dictada en primera instancia por el Tribunal, y tras valorar integralmente las pruebas, concluyó que la fiscal actuó con dolo.
“El conocimiento, la experiencia y los antecedentes de la funcionaria permiten establecer que era plenamente consciente de la ilegalidad de su actuación”, señaló la Sala, al destacar que Orozco Bonilla contaba con amplia trayectoria como fiscal y había resuelto previamente asuntos similares, utilizando argumentos opuestos a los que luego sustentaron la decisión cuestionada.
Como consecuencia, la Corte Suprema condenó a Bibiana Rosa Orozco Bonilla a 54 meses de prisión, al pago de una multa equivalente a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 90 meses. Asimismo, ordenó su destitución del cargo de Fiscal 49 adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
El alto tribunal negó los beneficios de suspensión condicional de la pena y prisión domiciliaria.
