El Alto Tribunal ordena suspender la minería y remediar ríos vitales para cerca de 30 pueblos del macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí. La decisión aborda el envenenamiento sistemático que amenaza la supervivencia cultural y física de estas comunidades desde 1989.
La Corte Constitucional de Colombia falló a favor de cinco autoridades y consejos indígenas amazónicos en una decisión sin precedentes que ordena acciones inmediatas para proteger a comunidades gravemente afectadas por décadas de contaminación con mercurio.
El fallo, emitido el 4 de abril por la Sala Tercera de Revisión, tuteló los derechos fundamentales a la salud, identidad cultural y seguridad alimentaria de aproximadamente treinta pueblos indígenas del macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí, ubicado en la cuenca de los ríos Caquetá y Apaporis.
«Este es un fallo que reconoce una emergencia silenciosa que ha envenenado sistemáticamente agua, alimentos y cuerpos humanos durante más de tres décadas», explicó la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien presidió la sala junto a los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Jorge Enrique Ibáñez Najar.
Los accionantes demostraron que desde 1989 han enfrentado ciclos intensivos de minería aurífera que han contaminado sus principales fuentes de subsistencia. Estudios científicos presentados ante la Corte evidenciaron niveles de mercurio hasta 17 veces superiores a los considerados seguros por organizaciones internacionales de salud.
La situación se agrava por la presencia de grupos armados ilegales que controlan gran parte de las operaciones mineras, según documentaron investigadores que han trabajado en la zona.
El Alto Tribunal estructuró su análisis en tres ejes temáticos que denominó «libros». El «Libro Azul» abordó cómo la contaminación amenaza la supervivencia cultural de estos pueblos. El «Libro Verde» examinó los impactos ambientales de la minería, señalando que el problema trasciende la simple dicotomía entre legalidad e ilegalidad. El «Libro Amarillo» documentó graves afectaciones a la salud, particularmente en mujeres y niños, incluyendo un alarmante aumento de cáncer de cuello uterino.
Entre las medidas ordenadas destaca la suspensión inmediata de licencias mineras hasta que se remedien las fuentes hídricas, la conformación de entidades territoriales indígenas y el establecimiento de tres mesas de diálogo intercultural lideradas por ministerios clave.
La Corte también ordenó al Ministerio de Salud implementar brigadas móviles para atender emergencias sanitarias y al Ministerio de Ambiente diseñar un programa de descontaminación basado en estudios técnicos exhaustivos.
Finalmente, estableció que el Tribunal Superior de Bogotá supervisará el cumplimiento del fallo mediante audiencias semestrales que se realizarán tanto en la capital como en el territorio indígena, con participación de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
