Tras constatar que las órdenes impartidas desde 2008 no han logrado corregir las fallas del sistema de salud, se activó un esquema de verificación más estricto. El Auto 2049 de 2025 articula nuevas responsabilidades para el Ministerio de Salud, la Superintendencia y los órganos de control, en un intento por cerrar la brecha entre las decisiones judiciales y su impacto real en la prestación del servicio.
El seguimiento que la Corte Constitucional adelanta desde 2008 sobre el sistema de salud entró en una nueva fase tras constatar que las fallas estructurales persisten y se han traducido en una judicialización masiva del derecho a la salud. En el Auto 2049 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento concluyó que los problemas identificados en la Sentencia T-760 no solo permanecen vigentes, sino que han generado un deterioro progresivo en el acceso efectivo a los servicios, obligando al tribunal a escalar su intervención.
Este balance judicial se apoya en indicadores que, para la Corte, reflejan con claridad ese deterioro. De acuerdo con el Auto, en 2023 se interpusieron 197.737 acciones de tutela en materia de salud, cifra que ascendió a 265.173 en 2024, lo que representa un incremento del 34 % y este año, hacia el 14 de noviembre, ya se habían presentado 270.661 tutelas, superando ampliamente los registros de los dos años anteriores.
Para la Sala, las cifras confirman que la tutela dejó de ser un mecanismo excepcional y se convirtió en una vía ordinaria para acceder a servicios que deberían estar garantizados por el sistema. A esta judicialización sostenida se suma una crisis persistente en la entrega de medicamentos. El Auto documenta que 18 EPS registraron, en los últimos dos años, 622.666 quejas por medicamentos no entregados, suministrados de forma incompleta o fuera de los términos establecidos.
Desde la perspectiva del alto tribunal, estas fallas afectan de manera directa la continuidad de los tratamientos y golpean con mayor intensidad a pacientes crónicos, personas mayores y poblaciones ubicadas en zonas rurales, profundizando las brechas de acceso.
En el plano financiero, la Corte identificó deficiencias estructurales que inciden de manera transversal en la prestación del servicio. Tras evaluar las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760, la Sala declaró que “persiste el incumplimiento general del componente de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”, al advertir que los ajustes aplicados no han demostrado, de forma técnica y verificable, su capacidad para cubrir el costo real de los servicios del Plan de Beneficios en Salud.
Concretamente, el Auto cuestiona el uso de la inflación causada como criterio principal para fijar la prima, sin estudios que acrediten su suficiencia. Para el tribunal, este conjunto de factores —aumento de tutelas, fallas en la entrega de medicamentos y debilidades en la financiación— evidencia que las medidas de política pública adoptadas han sido insuficientes para superar los problemas estructurales del sistema.
En ese contexto, la Sala concluyó que las herramientas ordinarias de seguimiento resultaron ineficaces y que era necesario adoptar decisiones de mayor intensidad para evitar que sus órdenes continuaran perdiendo efecto práctico. Por ello, además de abrir un incidente de desacato en relación con las órdenes sobre suficiencia de la UPC, la Corte ordenó al Ministerio de Salud acreditar técnicamente la suficiencia de la UPC para la vigencia 2026, dispuso la formulación de un plan de acción orientado a mitigar la crisis y reforzó el rol de la Superintendencia Nacional de Salud en el control del uso de los recursos.
Finalmente, compulsó copias a la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría para que ejerzan sus competencias. Con estas medidas, la Corte busca impedir, en sus propios términos, “la ineficacia de las decisiones judiciales” y restablecer la protección efectiva de un derecho fundamental cuya vulneración, advirtió, ya tiene efectos masivos y verificables sobre la población usuaria del sistema de salud.
