Las Salas Especiales de Seguimiento a las sentencias T-025 de 2004 y SU-020 de 2022 convocaron para el 11 de noviembre una audiencia pública en Bogotá, con el propósito de examinar la insuficiente respuesta del Estado frente a la escalada de desplazamientos, confinamientos y hechos de violencia que siguen golpeando a la población del Catatumbo y a los firmantes del Acuerdo de Paz.
La Corte Constitucional convocó una audiencia pública para el próximo 11 de noviembre en el Palacio de Justicia, en Bogotá, con el propósito de exigir una respuesta estatal integral ante la prolongada crisis humanitaria que atraviesa la región del Catatumbo.
La decisión surge luego de identificar serias inconsistencias en las acciones adelantadas por entidades nacionales y territoriales encargadas de atender la situación.
De acuerdo con cifras oficiales analizadas por la Corte, la crisis humanitaria ha dejado más de 73.000 personas desplazadas, entre ellas 218 firmantes del Acuerdo Final de Paz, además de 2.400 personas confinadas, 183 de ellas también firmantes.
Las autoridades reportan, igualmente, la desaparición de seis firmantes y el homicidio de otros siete, en medio de los constantes enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las extintas FARC-EP. Los hechos, sumados a la limitada capacidad institucional, llevaron al Gobierno Nacional a declarar el estado de conmoción interior en esta zona.
En junio de este año, las Salas Especiales realizaron una visita territorial al Catatumbo para recopilar información directa y evaluar la respuesta de las autoridades.
El diagnóstico reveló fallas estructurales en varios frentes. Una de las alertas más graves es la ausencia de un plan de reacción inmediata ante las múltiples alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, lo que evidencia una deficiente articulación entre las instituciones responsables de prevenir y atender violaciones a los derechos humanos.
La Corte subrayó que la situación del Catatumbo requiere una intervención coordinada, oportuna y sostenida por parte del Estado, tanto para proteger a la población civil como para garantizar la vida e integridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, quienes continúan siendo víctimas de amenazas y ataques en la región.
La audiencia del 11 de noviembre será un espacio clave para que las entidades públicas rindan cuentas y presenten medidas concretas destinadas a superar las falencias identificadas.
