Desde la Fiscalía Adjunta señalaron que, aunque se retira el equipo técnico, la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad seguirá en curso desde la sede central del tribunal. La medida replantea la relación con el gobierno de Nicolás Maduro, que defendía que las pesquisas debían adelantarse únicamente en su jurisdicción.
La Corte Penal Internacional (CPI) modificó de manera sustancial su estrategia frente a Venezuela al anunciar el cierre de la oficina instalada en Caracas, una estructura creada en 2024 para facilitar el intercambio técnico con las autoridades judiciales del país. Esta decisión no responde a un gesto administrativo, sino a la constatación de que las medidas pactadas para verificar investigaciones internas nunca alcanzaron el nivel esperado por el tribunal.
Durante la apertura de la Asamblea de Estados Parte este 1 de diciembre, el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang expuso que la fase de cooperación se agotó. Señaló que “el progreso real sigue siendo un reto” y que, tras un año de intentos, no se generaron condiciones que permitieran sostener un equipo permanente en Venezuela.
Agregó también, que, dada la presión sobre los recursos humanos del tribunal, mantener una estructura sin resultados verificables dejó de ser razonable para la Fiscalía. Con este anuncio, la CPI retoma el esquema de trabajo desde La Haya, donde continuará la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017, proceso que avanza desde 2018 tras la remisión de varios Estados.
Niang dejó claro que esa pesquisa no se suspende y que el equipo asignado conservará su capacidad de análisis, documentación y seguimiento sin la intermediación operativa que representaba la oficina.
La medida llega después de años de desacuerdos con el argumento central de Venezuela: la exigencia de que se respetara la complementariedad, el principio que obliga al tribunal a intervenir solo cuando un Estado no investiga. Esa posición fue rechazada en 2023, cuando la CPI concluyó que las autoridades venezolanas no demostraron avances consistentes en casos de detenciones arbitrarias, torturas y persecución política.
El cierre también redefine la relación institucional. La oficina había sido presentada en su momento como un espacio para crear “un puente técnico” entre el tribunal y las autoridades venezolanas. Sin embargo, la falta de resultados dejó claro que ese modelo no ofreció garantías de acceso a información clave ni permitió constatar progresos en el plano judicial.
Fuentes del tribunal, consultadas por medios internacionales, señalaron que el monitoreo se mantendrá sin interrupciones y que cualquier requerimiento adicional será tramitado directamente desde la sede en Países Bajos. La Fiscalía, además, recordó que la cooperación con los Estados es deseable, pero no condiciona el mandato de investigar cuando existen indicios de crímenes que comprometen la responsabilidad internacional.
