Los señalamientos incluyen vínculos con el Senado, Fondo de Adaptación y varias entidades del orden territorial, lo que ha generado cuestionamientos sobre conflicto de interés, posibles beneficios burocráticos y la necesidad de verificación por parte de los entes de control.
Luego de la controversia pública por presuntas exigencias económicas a integrantes de su equipo de trabajo, la senadora Berenice Bedoya enfrenta una nueva ola de señalamientos que la conectan con un presunto esquema de contratación estatal en beneficio de su círculo familiar. Las denuncias fueron difundidas en la red social X por el abogado Sergio Mesa y se enfocan en contratos suscritos por hijos y allegados de la congresista con entidades públicas durante el periodo 2022–2025.
Mesa sostuvo que, mientras Bedoya ejercía como senadora, su hija Jessica Valeria Casas Bedoya “ha celebrado un total de diecisiete (17) contratos de prestación de servicios profesionales” que, según su recuento, suman $537 millones. La denuncia afirma que seis de esos contratos se firmaron con el Senado, entidad en la que trabaja su madre, mientras otros se suscribieron con la Gobernación del Valle del Cauca y la Federación Nacional de Departamentos.
El abogado cuestionó la coincidencia temporal entre el ejercicio del cargo y la contratación de su hija en entidades del Estado. En sus publicaciones, aseguró que la hija “aparece en todos lados con su segundo nombre y el apellido de la mamá: Valeria Bedoya”, planteando dudas sobre si el vínculo familiar pudo incidir en el acceso a esos contratos.
Los señalamientos incluyen al hijo de la congresista, Julián David Bedoya Pérez. Según Mesa, el joven contrató con el Ministerio del Interior en 2025 por $48 millones, con la Cámara de Representantes en 2024 por $48 millones y en 2023 por $8 millones. “Entre 2023 y 2025, este ‘vástago de la patria’ contrató ciento cuatro millones de pesos ($104.000.000)”, escribió.
En paralelo, Mesa volvió a referirse a su denuncia previa sobre el funcionamiento interno del equipo de la senadora, señalando que habría existido presión para entregar dinero. “A mí, como Asesor I…, me presionaban para que pagara como ‘compromiso’ $2 millones 500 mil pesos”, afirmó, agregando que el monto pudo escalar si no se negaba a pagar. Ese elemento, sin embargo, hace parte de otro frente de la denuncia y no se relaciona de manera directa con la contratación de familiares, pero eleva el nivel de escrutinio sobre el entorno político de la congresista.
Uno de los elementos más explosivos de las nuevas publicaciones se centra en el yerno de la senadora, Johan Stiven Londoño. Mesa afirmó que, en 2025, la senadora habría entablado una “negociación” con el Gobierno en torno a la reforma a la salud y que, dentro de ese pulso, “el beneficiado sería su nuevo yernísimo Stiven Londoño”, con un cargo en el Fondo de Adaptación, entidad que —según la denuncia— maneja $500 mil millones. Mesa añadió que, aunque Londoño no llegó a la dirección, “lo nombraron Subgerente de Proyectos”.
De acuerdo con el abogado, tras ese nombramiento “llegó también la burocracia para la senadora” y se habrían tramitado contrataciones de personas cercanas con montos que citó así: $43 millones, $85 millones, $117 millones y $160 millones. En su relato, Bedoya mantenía la “promesa” de apoyar la reforma “mientras recibiera puestos”, y tras el giro político —según Mesa— el Gobierno declaró insubsistente al yerno.
Hasta el momento, la senadora Berenice Bedoya no ha emitido un pronunciamiento público sobre estas denuncias. El caso, que circula en pleno ambiente preelectoral, plantea interrogantes sobre conflicto de interés, presunto tráfico de influencias y la necesidad de verificación por parte de organismos de control y justicia para establecer si existieron irregularidades o responsabilidades disciplinarias y penales.
