El organismo de control estableció que la Agencia desembolsó un anticipo de $16.382 millones sin que el bien fuera escriturado ni transferido, además de detectar fallas normativas y un cambio no justificado en la destinación de los beneficiarios del proyecto.
La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales por $16.382 millones en la compra del predio Hacienda Simba, ubicado en el departamento de Sucre, realizada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Los resultados hacen parte de un informe preliminar elaborado por la Delegada para el Sector Agropecuario, tras atender una denuncia ciudadana relacionada con la adquisición de varios predios rurales.
Según el órgano de control, la ANT suscribió en abril de 2024 una promesa de compraventa con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por un valor total de $27.304 millones, desembolsando un anticipo del 60 % sin que, a la fecha, se haya perfeccionado la transferencia del dominio. En el informe se advierte que
“la ANT desembolsó un anticipo del 60 % ($16.382 millones) hace más de 18 meses, sin que el bien haya sido escriturado ni transferido a nombre de la entidad, situación que configura un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos”.
La Contraloría señaló que esta situación impide el registro contable del predio y su incorporación al patrimonio público. En ese sentido, el documento establece que “la entidad no puede registrar contablemente el predio dentro de sus activos, ni reconocerlo como parte del patrimonio público, lo que genera una imposibilidad de adjudicación a los beneficiarios de la Reforma Rural Integral”.
El informe también evidenció incumplimientos en el procedimiento de adquisición, al omitirse etapas esenciales de validación. De acuerdo con el órgano de control, “el procedimiento de compra no se ajustó al marco normativo aplicable, al omitirse etapas esenciales de validación técnica, jurídica y social, comprometiendo la transparencia, legalidad y fiabilidad del proceso de compra”.
Adicionalmente, la Contraloría advirtió un cambio no justificado en la destinación del predio, inicialmente concebido para comunidades campesinas. Según el informe, “la ANT adelantó una entrega provisional de cerca del 60 % del predio a comunidades indígenas, sin acto administrativo que justificara dicho cambio ni ajuste presupuestal que respaldara la modificación, lo que podría configurar una desviación de la finalidad del gasto público”.
Finalmente, el ente de control solicitó a la ANT la formulación inmediata de un Plan de Mejoramiento, orientado a corregir las deficiencias detectadas y garantizar que la adquisición de tierras se realice conforme a los principios de planeación, legalidad, transparencia y eficiencia en la gestión de la Reforma Rural Integral.
