Entre las irregularidades destacan el uso indebido de recursos públicos en propiedades privadas y actividades sin relación con sus funciones. Los resultados del piloto de Evaluación de Desempeño se conocerán en 2026.
La Contraloría General de la República informó que en los últimos tres años ha auditado a 49 de las 58 Cámaras de Comercio del país, lo que equivale a una cobertura del 84%. El proceso de fiscalización ha dejado en evidencia 39 hallazgos con incidencia fiscal por un valor superior a los $5.157 millones, además de beneficios de auditoría que superan los $769 millones.
El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, reveló los resultados durante su intervención en el Congreso de Confecámaras 2025, donde destacó la importancia de fortalecer la confianza ciudadana a través de un control fiscal técnico y transparente. Según el informe, entre las irregularidades detectadas figuran el uso de recursos públicos en edificaciones privadas, el pago de impuestos sobre bienes sin la anotación legal correspondiente y gastos en actividades ajenas a las funciones de las Cámaras de Comercio.
“Cuando lo público se administra mal no es solo un error administrativo. Una obra mal planeada o un recurso mal destinado significa un hospital que no abre o un colegio vacío. La confianza se construye con resultados tangibles y no con promesas”, señaló Rodríguez.
El funcionario resaltó que las Cámaras de Comercio administran anualmente más de $1,2 billones de recursos públicos, concentrados en un 58% en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, mientras que el 42% restante se distribuye en 54 entidades de menor tamaño, muchas de ellas con debilidades financieras.
La Contraloría adelantará en el primer semestre de 2026 la publicación de los resultados del piloto de Evaluación de Desempeño aplicado a estas entidades. Con esta herramienta se busca medir no solo el cumplimiento legal y fiscal, sino también el impacto real de su gestión en el fortalecimiento empresarial y en el desarrollo de las regiones.
Rodríguez hizo un llamado a la sensatez y reiteró que los informes de la entidad son técnicos y no deben ser instrumentalizados políticamente, pues su propósito es proteger los recursos públicos y garantizar confianza en las instituciones.
