Una auditoría de la Contraloría reveló anomalías como la adquisición de predios con suelos inadecuados, ocupaciones ilegales y retrasos en la entrega a comunidades beneficiarias.
La Contraloría reveló hallazgos fiscales por un monto de $160 mil millones, señalando presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La auditoría, realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, cubrió el período comprendido entre 2022 y el 30 de abril de 2024, identificando 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 podrían tener implicaciones disciplinarias y seis, presunto alcance fiscal.
Además, la entidad de control ordenó la apertura de una indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio debido a inconsistencias en la información suministrada por la ANT. Las anomalías detectadas ponen en riesgo la eficacia de la Reforma Rural Integral del gobierno de Gustavo Petro y afectan el correcto uso de los recursos públicos destinados a comunidades campesinas y étnicas.
Principales hallazgos
Uno de los problemas más graves identificados en la auditoría es la adquisición de terrenos con suelos clasificados como clase VII, los cuales presentan severas limitaciones para la actividad agropecuaria. Más del 50 % de la superficie de varios predios comprados presenta estas características, lo que infringe lo dispuesto en la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014. Estas normas establecen que los predios destinados a los campesinos no pueden contener más del 20 % de su área en suelos de clase VII y VIII.
Además, algunos terrenos adquiridos presentan humedales en hasta un 30 % de su superficie, lo que agrava su inviabilidad para proyectos productivos. Esta situación ha comprometido recursos por un valor de $43.306 millones de pesos.
Ocupaciones ilegales de predios
Otro hallazgo preocupante es la invasión de varios predios comprados para las comunidades campesinas. La falta de control y custodia por parte de la ANT ha facilitado ocupaciones ilegales, generando un posible detrimento patrimonial de $5.646 millones de pesos. Esta situación no solo impacta negativamente en el ordenamiento social de la propiedad, sino que también afecta a las comunidades que deberían beneficiarse con estos terrenos.
Retrasos en la entrega
La auditoría también evidenció graves demoras en la transferencia de los predios adquiridos a las poblaciones beneficiarias. Solo el 18,5 % de los predios ingresados al Fondo de Tierras han sido oficialmente transferidos y registrados en el folio de matrícula.
De los 205 predios adquiridos, apenas el 12,2 % fueron entregados a campesinos, el 5,3 % a comunidades indígenas y solo el 1 % a comunidades negras. Este incumplimiento no solo obstaculiza el desarrollo rural y los proyectos productivos, sino que también ha generado costos adicionales para la ANT por mantenimiento de tierras que aún no han sido asignadas.
El retraso en la entrega de estos predios pone en riesgo el bienestar de las comunidades y compromete el cumplimiento de los acuerdos de paz. Esta situación ha derivado en un presunto detrimento patrimonial de $110.322 millones de pesos.
Mala gestión
Los hallazgos de la Contraloría General de la República ponen en evidencia serias irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras, lo que afecta directamente la implementación de la Reforma Rural Integral y la destinación de recursos públicos para las comunidades campesinas y étnicas.
Las medidas correctivas y sancionatorias que se adopten en el marco de esta investigación serán fundamentales para garantizar la transparencia en la administración de tierras y el adecuado cumplimiento de los compromisos adquiridos en el proceso de paz.
