Contraloría alerta sobre riesgo de racionamiento por problemas financieros en el sector energético

El ente de control fiscal hizo un llamado urgente a cubrir las deudas acumuladas por subsidios, cercanas a los $3 billones, que están poniendo en riesgo la prestación del servicio a los estratos 1, 2 y 3.

Ante un posible racionamiento de energía en el país, la Contraloría instó al gobierno nacional a tomar medidas urgentes para evitar esta situación que podría poner en peligro tanto la seguridad energética como el patrimonio del Estado.

En un estudio sectorial sobre Seguridad Energética y en una advertencia emitida en noviembre de 2024, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, expresó su preocupación sobre el retraso en el giro de subsidios a las empresas de energía eléctrica y gas, lo que podría desencadenar graves consecuencias en el sector.

No han pagado los subsidios

El ente de control fiscal subrayó que el retraso en los pagos de subsidios y la deuda acumulada por parte de entidades públicas hacia las empresas prestadoras de servicios públicos puede generar no solo riesgos financieros, sino también afectar a empresas con participación estatal.

Además, advirtió sobre el riesgo de que los usuarios más vulnerables, especialmente aquellos de los estratos 1, 2 y 3, enfrenten aumentos en sus tarifas si no se efectúan los pagos y giros correspondientes.

Según datos del Comité Intergremial de Energía y Gas, las deudas acumuladas por subsidios ascienden a más de $7 billones, lo que representa un 60 % de los recursos necesarios anualmente para el sector. Este creciente déficit podría llevar al desmonte de subsidios y a un incremento de tarifas, afectando a las familias de bajos ingresos. Por ejemplo, una familia que paga $30.000 por el servicio de gas podría ver un aumento a cerca de $58.000 si no se mantiene el subsidio.

Es prioritario sanear la deuda

La Contraloría enfatizó que es crucial que el gobierno nacional priorice el pago de estas deudas para garantizar el acceso a los servicios públicos de las familias más vulnerables. En este sentido, también recordó que el proyecto de Ley de Financiamiento de 2024 proponía reconocer como deuda pública las obligaciones pendientes de los usuarios de estratos bajos con las empresas comercializadoras, pero al haberse archivado dicho proyecto, no existen mecanismos claros para abordar esta deuda que asciende a $3 billones.

Por todo esto, el Contralor convocó a una mesa de trabajo con los ministros de Minas y Energía y Hacienda, la Procuraduría y los gremios del sector minero-energético, con el fin de buscar soluciones que beneficien tanto a la ciudadanía como a los recursos públicos, garantizando la estabilidad del sector energético y evitando perjuicios a los sectores más vulnerables de la población.

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