El ente de control advierte que solo el 4,6 % del presupuesto de defensa se destina a inversión, lo que compromete la seguridad nacional. También identificó atrasos en obras financiadas por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (Fonsecon).
La Contraloría General de la República advirtió sobre los bajos niveles de inversión en ciencia, tecnología e innovación en el sector Defensa, lo que, según el ente de control, compromete la capacidad del país para enfrentar amenazas emergentes como los ciberataques y la criminalidad transnacional.
El titular de la cartera Carlos Hernán Rodríguez Becerra, señaló que entre 2024 y 2025 solo el 4,6 % del presupuesto del sector defensa y seguridad, equivalente a $3,8 billones, se destinó a inversión, mientras que el 94,5 % se orientó a gastos de funcionamiento y personal.
“No podemos seguir enfrentando amenazas del siglo XXI con tecnología del siglo pasado. La inversión en innovación y modernización es clave para garantizar la soberanía y la seguridad de los colombianos”, enfatizó Rodríguez Becerra.
El contralor advirtió que esta baja asignación restringe la modernización de las Fuerzas Militares y de Policía, “conduciendo a la obsolescencia tecnológica” y afectando la capacidad para proteger la infraestructura crítica del país.
La Contraloría también alertó sobre deficiencias estructurales en la ejecución de recursos públicos destinados a proyectos estratégicos del sector.
Entre ellas, se mencionan municiones vencidas y mal almacenadas en el Ejército Nacional, que generaron un daño patrimonial superior a $9.500 millones, y el incumplimiento del contrato 012 de 2024 para el mantenimiento de helicópteros MI-17, que podría ocasionar la pérdida de 13,5 millones de dólares.
En materia de infraestructura, el organismo de control identificó retrasos significativos en la construcción de estaciones de Policía financiadas por el Ministerio del Interior a través del Fonsecon.
Entre los casos más críticos se encuentran: Montelíbano (35 % de avance), Alto Baudó (11 %), Liborina (15 %) y Carmen de Viboral, donde no se registra progreso. Estas demoras afectan directamente la seguridad y convivencia en las regiones.
Además, la Contraloría evidenció irregularidades en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), por la transferencia de catorce predios valorados en $540 mil millones a cambio de un edificio que no ha sido entregado, y un daño patrimonial de $27.814 millones en el proyecto Hospital de Rehabilitación Funcional BASAM, inconcluso tras ocho años de inversión.
El ente de control también alertó sobre el incremento de la criminalidad en el país: según cifras del GAULA, en 2025 se reportaron 4.573 casos de extorsión, de los cuales el 56 % corresponde a modalidades digitales. Así mismo, se registró un aumento del 73 % en la explotación ilícita de oro entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, afectando más de 100.000 hectáreas de cobertura vegetal.
Rodríguez Becerra hizo un llamado al Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública y a la academia para “descongelar recursos y priorizar la modernización tecnológica de las capacidades militares en los dominios terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial”, integrando herramientas como inteligencia artificial y sistemas antidrones.
“La seguridad de la Nación no es un gasto, sino una inversión en el futuro. Modernizar nuestras capacidades es garantizar que cada peso público se traduzca en protección, confianza y progreso para todos los colombianos”, concluyó el Contralor General.
