Aunque el Gobierno firmó un convenio con la Imprenta Nacional, el ente de control fiscal advierte que no existen condiciones materiales ni jurídicas para garantizar el servicio desde septiembre. Persisten vacíos en la planeación, falta de aliados estratégicos y retrasos en la ejecución del nuevo modelo. La alerta busca evitar una vulneración masiva al derecho a la libre locomoción.
A poco más de un mes de que venza el contrato actual con el operador del servicio de expedición de pasaportes, la Contraloría General de la República emitió una alerta de control interno por el “riesgo latente” de que Colombia se quede sin capacidad operativa para producir este documento esencial a partir del 1 de septiembre de 2025.
El pronunciamiento fue emitido por la Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras tras realizar un seguimiento permanente al nuevo modelo de pasaportes que lideran el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y la Imprenta Nacional de Colombia (INC).
La misiva sostiene que, aunque el Ejecutivo firmó el pasado 18 de julio el Convenio Interadministrativo 0007, la Contraloría concluyó que este no garantiza la continuidad del servicio y que se está incumpliendo el cronograma de transición hacia la nueva fase de producción pública.
“En el control concomitante y preventivo se pueden emitir dos tipos de pronunciamientos: la alerta de control interno, cuando se cierne algún tipo de riesgo sobre la prestación del servicio, y la función de advertencia, cuando hay un riesgo claro frente a afectación de recursos públicos. Lo que hacemos en esta oportunidad es emitir una alerta de control interno, porque vemos en latente riesgo la continuidad en la prestación del servicio de pasaportes para las y los colombianos”, afirmó Luis Enrique Abadía, contralor delegado.
Esta situación, advierte el funcionario del ente de control fiscal, se agrava por la falta de ejecución del memorando de entendimiento suscrito con el Gobierno de Portugal, que debía permitir la transferencia de tecnología, capacitación, acompañamiento técnico y producción inicial durante diez años.
Según constató la Contraloría en el marco de sus funciones preventivas, a la fecha no se ha firmado el acuerdo comercial derivado de ese memorando, ni se han producido libretas piloto que cumplan con las características técnicas y de seguridad internacional exigidas por la Organización de Aviación Civil Internacional.
A ello se suma un aspecto clave revelado por la propia INC en reuniones con la Contraloría: incluso con el convenio firmado, la imprenta requerirá entre siete y ocho meses de alistamiento para poder entrar en operación plena. En otras palabras, no estaría lista para asumir la producción de pasaportes desde septiembre, como exige el cronograma oficial.
“No encontramos claridad frente a los aliados estratégicos, tal como se había contemplado en una oportunidad anterior, cuando se emitió por parte de la Cancillería una urgencia manifiesta que en su momento fue avalada por esta delegada. Hoy no vemos esa claridad. Y aunque ya se suscribió el convenio, la Imprenta Nacional advierte que necesita un mínimo de siete meses de preparación para poder cumplir el objeto fundamental del mismo, que es la producción de pasaportes”, explicó Abadía.
Dada la realidad latente del vencimiento del Contrato 368 de 2024, actualmente en ejecución con el operador Thomas Greg & Sons hasta el 31 de agosto, la Contraloría señala que no existe un mecanismo contractual alternativo vigente que garantice la continuidad del servicio en septiembre. Tampoco se ha definido formalmente con qué tipo de aliado estratégico externo se contará, ni bajo qué modalidad se seleccionará.
Finalmente, esta incertidumbre desde la perspectiva de la entidad pone en riesgo el derecho fundamental a la libre locomoción, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política, así como la obligación estatal de garantizar la expedición oportuna de documentos de viaje. E
En ese entendido, señala que, de no adoptarse medidas extraordinarias, la alerta podría traducirse en miles de ciudadanos sin posibilidad de renovar o solicitar pasaporte durante un periodo indefinido.
“Hemos llamado al Gobierno Nacional, a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a que autónomamente —porque el control concomitante y preventivo no pretende coadministrar— se adopten medidas extraordinarias que garanticen la prestación del servicio de producción y personalización de pasaportes y documentos de viaje, a fin de no violentar el derecho a la libertad de locomoción y esa obligación que tiene el Estado en la materia”, precisó el delegado Abadía.
