El ente de control calcula que trasladar el dinero hoy invertido en el exterior al mercado local reduciría retornos históricos de los portafolios y ampliaría el déficit actuarial. Las simulaciones muestran impactos directos sobre el saldo de los afiliados y advierten que el Estado tendría que asumir mayores obligaciones para garantizar pensiones mínimas en las próximas décadas.
La discusión sobre el límite a la inversión internacional de los fondos de pensiones entró al terreno de las finanzas públicas. Un análisis técnico del proyecto de decreto de MinHacienda concluye que reducir el componente externo podría disminuir la rentabilidad de los portafolios y, por esa vía, ampliar las obligaciones fiscales necesarias para sostener el sistema.
Desde el punto de vista regulatorio, la propuesta plantea bajar el techo de inversión en el exterior desde 49% hasta 30% en cinco años, con una transición inicial al 35% durante tres años. Bajo esa ruta, la Contraloría estima una “repatriación” de $100,3 billones en 2028 y de $177,8 billones en 2030, recursos que tendrían que reubicarse en alternativas locales.
Ese movimiento abre el primer cuello de botella. La entidad advierte que “no se tiene certeza sobre los proyectos de inversión o alternativas locales capaces de absorber” el aumento de exposición doméstica. El ajuste no es menor: la inversión nacional dentro de los portafolios pasaría de 51% a 69%, es decir, 18 puntos adicionales.
Respecto a los rendimientos, el informe introduce una comparación directa. Desde la implementación del esquema de multifondos, el fondo moderado —con mezcla local y externa— habría marcado una rentabilidad promedio anual de 8,5%, mientras que un portafolio concentrado exclusivamente en Colombia se ubicaría alrededor de 3,8%. La explicación combina “mayor profundidad, liquidez y diversificación” en mercados internacionales, además del efecto de valorizaciones y del tipo de cambio.
Cuando esa brecha se traslada al ahorro individual, la diferencia adquiere dimensión concreta. Las simulaciones muestran que un millón de pesos invertidos en 2011 en activos internacionales habría llegado a $3.228.356, frente a $1.670.363 bajo un escenario local. Según la Contraloría, ese diferencial puede traducirse en un saldo hasta 29,5% menor al momento del retiro.
A lo anterior se suma un punto de caja. Con cifras de la Superintendencia Financiera, los fondos del régimen de ahorro individual acumulaban $529,1 billones a diciembre de 2025. Si se trasladan cerca de $177,8 billones desde el exterior en cinco años, el sistema “podría dejar de percibir” alrededor de $3,2 billones en rentabilidad, afectando directamente las cuentas individuales.
La advertencia también tiene lectura fiscal. Si los recursos rinden menos, el Estado —garante constitucional de la pensión mínima— tendría que cubrir faltantes. A la vez, el informe anticipa un tramo crítico para la reforma pensional (Ley 2381 de 2024, en revisión), cuando caigan afiliados activos desde 2037 y aumenten pensionados, con presiones concentradas entre 2037 y 2052.
Bajo ese panorama, la Contraloría cierra con un criterio técnico: limitar la diversificación podría afectar la “rentabilidad ajustada por riesgo” y una asignación “guiada más por necesidades fiscales que por criterios financieros” terminaría trasladando el costo a afiliados y presupuesto público.
