El informe advierte sobre gastos administrativos desproporcionados, contratos estratégicos inconclusos y debilidades estructurales en la planeación y supervisión de proyectos de agua, saneamiento, conectividad y energización rural en varias zonas del litoral.
La Contraloría General de la República identificó un presunto detrimento patrimonial por $70.570 millones en la gestión del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, tras una auditoría de cumplimiento que evaluó su ejecución entre 2019 y 2024. El ejercicio de control fue adelantado por la Delegada para Población Focalizada y dejó al descubierto 21 hallazgos fiscales, varios con posible incidencia disciplinaria.
Uno de los casos más críticos corresponde al contrato No. 57833-PTSP-044-2021, suscrito en 2021 para la construcción y operación de sistemas aislados de generación de energía solar fotovoltaica en comunidades rurales del municipio de Bojayá, Chocó.
Según el informe, “pasados cuatro años y vencido el plazo contractual, los sistemas no funcionan, no cuentan con equipos de telemetría y no han sido entregados al operador”, situación que derivaría en un presunto detrimento por $13.972 millones.
Otro hallazgo relevante se relaciona con los gastos administrativos del proyecto de mejoramiento del servicio de agua potable y saneamiento básico en los municipios de Tumaco, en Nariño, y Guapi, en Cauca. La Contraloría estableció un posible detrimento por $20.530 millones, al advertir que la alta ejecución presupuestal en administración no se tradujo en avances efectivos de inversión, en contravía de lo previsto en el Conpes 3847 de 2015 y en el contrato de empréstito BIRF 8649-CO suscrito con el Banco Mundial.
Adicionalmente, el órgano de control reportó gastos injustificados asociados a proyectos de conectividad regional, que incluyen obras de muelles, malecones, señalización y procesos de fortalecimiento institucional. A 31 de diciembre de 2024, estos hechos configurarían un presunto detrimento adicional por $9.840 millones, al no evidenciarse una relación proporcional entre los recursos ejecutados y los resultados obtenidos.
De manera general, la auditoría concluyó que los hallazgos “evidencian fallas estructurales en la planeación, supervisión e interventoría, que derivaron en pagos sin contraprestación, reducción del alcance de las obras y proyectos que no generaron beneficios efectivos para las comunidades”. Finalmente, la Contraloría anunció que los resultados serán trasladados a las instancias competentes para el inicio de las actuaciones fiscales y disciplinarias a que haya lugar.
