El organismo señala que, pese a sus advertencias desde 2024, la crisis energética se ha agravado y no se han tomado decisiones para mitigarla.
La Contraloría General de la República lanzó una nueva advertencia al presidente Gustavo Petro y al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por el riesgo inminente de racionamiento de energía y gas en el país. En una carta enviada por el contralor Carlos Hernán Rodríguez, el organismo fiscal señaló que, a pesar de haber alertado hace un año sobre la situación, no se han adoptado medidas efectivas y las condiciones de criticidad “se han agudizado”.
Rodríguez recordó que el 7 de noviembre de 2024 la entidad emitió una advertencia formal al Ministerio de Minas y Energía, tras un estudio sobre la seguridad y confiabilidad del sistema energético nacional. Desde entonces, explicó, los cuatro riesgos principales identificados por la Contraloría no solo persisten, sino que se han intensificado. Entre ellos destacan la reducción de los ingresos por producción y exportación de hidrocarburos, la presión creciente sobre los recursos destinados a subsidios de energía y gas, la disminución de la inversión extranjera directa y el aumento del déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que ya supera los 100 billones de pesos.
El más reciente seguimiento fiscal de la Contraloría muestra un deterioro generalizado en los indicadores del sector. La producción diaria de hidrocarburos cayó de 772.000 a 747.000 barriles entre 2024 y 2025, lo que equivale a una reducción del 4,23 %. Las exportaciones también disminuyeron un 5,9 %, mientras que los ingresos mensuales por venta de petróleo bajaron de 1.252 a 1.069 millones de dólares. En paralelo, el recaudo de regalías se redujo 15 % en el primer semestre de 2025, y el volumen de barriles cayó 6 % respecto al año anterior.
La situación de los subsidios a los servicios públicos también preocupa. Hasta septiembre de 2025, los apoyos otorgados a los estratos 1, 2 y 3 alcanzaron los 3,64 billones de pesos, pero solo se han pagado 0,76 billones, lo que deja una deuda de casi 2,9 billones. Según el ente de control, esta brecha amenaza la sostenibilidad del esquema de subsidios y podría derivar en mayores presiones fiscales si aumentan las tarifas de electricidad y gas.
La carta también advierte sobre la posible necesidad de importar combustibles hacia finales de 2026 para cubrir la demanda nacional, ante la falta de nueva oferta interna. De acuerdo con cálculos de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), se requerirían cerca de 200 gigas (GBTUD) adicionales, especialmente en escenarios de baja oferta de gas natural. Además, la entidad prevé un déficit estructural de gas a partir de 2029, por la declinación de los campos actuales. Aunque se ha ampliado la capacidad de importación mediante la Regasificadora de Cartagena, la Contraloría advierte que se requieren nuevas infraestructuras en la costa Atlántica y el Pacífico, ya que los costos del gas importado son más altos y afectarían directamente las tarifas de los hogares, sobre todo los de menores ingresos.
Finalmente, el organismo fiscal lamentó la falta de avances en la transición energética. Según el contralor Rodríguez, garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema requiere ampliar la capacidad de generación hidroeléctrica, térmica y renovable, además de fortalecer las interconexiones regionales y las políticas de eficiencia. No obstante, dijo, aún no existe un plan claro ni proyectos concretos que respalden esa transformación.
“La presión sobre las tarifas y el aumento de los costos de importación hacen indispensable contar con una política coherente y recursos suficientes en el presupuesto nacional. De lo contrario, el país podría enfrentar un escenario crítico de racionamiento energético”, advirtió Rodríguez.
Con esta nueva comunicación, la Contraloría busca que el gobierno adopte medidas urgentes para evitar una crisis que, según sus análisis, ya no es un riesgo lejano, sino una amenaza inmediata para la estabilidad energética y fiscal de Colombia.
